Nosotros, las familias MST de la regional Sur del estado Minas Gerais, Quilombo Campo grande, denunciamos la acción fascista contra nuestra lucha de 20 años.
Después de tantos años de lucha, las familias ya cuentan con infraestructura de energía eléctrica, albergan y producen una gran diversidad de producción agroecológica, como café, muchas variedades de maíz, frijoles, vegetales, frutas, semillas orgánicas de ganado, pollos, cerdos.
Con su trabajo, estas familias generan soberanía alimentaria, no solo para quienes producen y viven en la tierra, sino para miles de personas que tienen acceso a alimentos saludables y de calidad, sin veneno.
Los campamentos también generan distribución de ingresos. La tierra, que solo tenía un dueño, ahora otorga dignidad a cerca de 450 familias, más de 2,000 personas que casi estaban soñando en poseer la tierra llevada a cabo por un decreto estatal.
Pero ahora, a través de una conspiración legal entre los grandes terratenientes, los diputados del grupo ruralista y las empresas de agronegocios en la región, están organizando un proceso de desalojo para las familias que viven y resisten durante estos 20 años de lucha.
¡Esta situación es inaceptable! Hace dos meses las familias que habían sido asentadas y ahora pueden perder todo lo que han construido a lo largo de los años.
Este es uno de los conflictos agrarios más antiguos del país.
Solicitamos el apoyo de las organizaciones, amigos/as, simpatizantes y apoyadores/as para que envíen el correo electrónico abajo, exigiendo el rechazo de la acción de reintegración de posesión, para las siguientes direcciones:
bhe.vagraria@tjmg.jus.br (vara agraria)
contacto@crdhsulmg.com.br (entidad que está acompañando el caso)
Aos cuidados do Dr. Sr. Juiz Walter Ziwicker Esbaille Junior,
Venho através deste declarar sobre ação de reintegração de posse N° 0024.11.188.917-6 ajuizada em 17.06/2011, meu pedido de indeferimento de ação de reintegração de posse, que estão de acordo com os artigos 22 a 20 da DUDH consubstancia os direitos sociais, o direito ao trabalho, à escolha do trabalho, pois as 450 famílias, mais de 2000 pessoas já estão em posse velha da área a mais de 20 anos, tem suas casas, produção e reprodução da vida neste local. Pela resolução do conflito e pela permeância das famílias, fazemos esse apelo
Sem mais a declarar
Nombre / organizacion, fecha, país
¡Somos resistencia!
La lucha por la Reforma Agraria es la lucha por la democracia.
Jornadas de debate, reflexión y resistencia se llevaron a cabo en la ciudad de Quito, del 9 al 13 de octubre de 2018 en el marco del Encuentro “Pueblos, comunidades y naturaleza frente a la palma aceitera.” Este intercambio de saberes, es el primero en su tipo en Ecuador y convocó a líderes y lideresas de las provincias afectadas por la palma aceitera de las tres regiones del país.
En Ecuador la expansión de monocultivos industriales de palma aceitera es la principal causa de deforestación. Actualmente existen más de 300 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera a nivel nacional y se producen 577 mil toneladas anuales de aceite de palma, de las cuales el 61 por ciento se exporta.
Nuestro país no es ajeno a las consecuencias del modelo de acumulación agroindustrial. Existen numerosos casos de violencia, despojo y contaminación por la industria de la palma aceitera, con una marcada tendencia hacia la impunidad. Ante esto, las comunidades campesinas defensoras de la soberanía alimentaria dicen “basta” y desde diferentes espacios de la sociedad civil nace la necesidad de iniciar una serie de acciones para poder defender los derechos humanos y de la naturaleza atropellados por la industria de la palma.
Un breve relato se muestra en el siguiente video:
Este esfuerzo colectivo de reflexión dio a luz a la RED de pueblos soberanos contra la palma aceitera, de quienes surgió la siguiente declaración:
Declaración del primer Encuentro Ecuador: “Pueblos, Comunidades y Naturaleza Frente a la Palma Aceitera”
Quito, 11 de octubre de 2018
En presencia de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, en este primer encuentro, los pueblos y comunidades del Ecuador hemos verificado un sinnúmero de vulneraciones de derechos asociados a la agroindustria de palma aceitera en el Ecuador.
Las palmicultoras imponen un sistema basado en la destrucción de los bosques y colocan en condiciones precarias a campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes.
La agroindustria de palma aceitera quiere campos para instalar sus grandes monocultivos basados en el uso intensivo de agrotóxicos, para despojar a los campesinos de la tierra, para apropiarse de todas las fuentes de agua o contaminarlas por su uso irresponsable y acaparador; todo, para obtener materias primas para productos comestibles ultra procesados de baja calidad, productos industriales y agro combustibles.
Entre las vulneraciones de derechos a la naturaleza, los pueblos y las comunidades denunciamos en este primer encuentro sobre lo que acontece en Ecuador:
– La expansión de plantaciones de palma aceitera es la primera causa de deforestación de bosques y selvas primarias en Ecuador y otros países de Latinoamérica, al momento, el mega diverso Bosque del Chocó está a punto de desaparecer por esta actividad, violando los derechos de la naturaleza.
– Las plantaciones de palma aceitera han generado división comunitaria y fragmentación de territorios ancestrales indígenas, afroecuatorianos y campesinos, afectando a las lógicas de vida.
– En muchos casos, los monocultivos de palma aceitera se han desplegado en los territorios mediante mecanismos de desalojo de comunidades y la compraventa fraudulenta de la tierra, unido a la violencia, sicariato y asesinatos.
– Las plantaciones de palma aceitera promueven la concentración de la propiedad de la tierra, vinculada con el acaparamiento del agua, uso de semillas industriales, incentivos estatales, comercialización y mercado.
– La problemática afecta a más 400.000 Ha en Ecuador, donde no todas las áreas están incorporadas en las cifras oficiales.
– Esta expansión de la palma está amenazando la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación al reducir las áreas de cultivos diversificados campesinos.
– Las empresas palmicultoras han promocionado junto a la Corporación Financiera Nacional encadenamientos productivos que despojan a los campesinos de las tierras por mecanismos de endeudamiento.
– Donde llegan las plantaciones se destruye la economía campesina local, haciendo que la población se proletarice y pase a depender de los grandes capitales, que buscan la explotación y tienen altos índices de explotación laboral.
– La palma aceitera lleva asociado un fuerte uso de agrotóxicos para eliminar al resto de especies nativas que componen los bosques, así como tiene una fase de contaminación en la extracción del aceite, destruyendo las condiciones de vida de los ríos y de otros cuerpos de agua alrededor de las plantaciones.
– Esta destrucción de la vida acuática en los ríos y esteros lleva a la afectación de una importante fuente de sustento alimentario de las comunidades como es la pesca.
– La contaminación del agua provoca graves enfermedades de la piel, cáncer, abortos espontáneos y en general, el incremento de la mortalidad en las comunidades aledañas y que están aguas abajo de las plantaciones.
– El incremento en el consumo de este aceite de palma industrial, cargado de agrotóxicos, principalmente entre los sectores más empobrecidos, ha traído como consecuencia el aumento dramático de varias enfermedades.
– La destrucción ambiental que genera la palma aceitera se anuda a otras formas de despojo como son: la minería, el petróleo, etc.
– Las plantaciones de palma aceitera van unidas a la expansión de grandes infraestructuras viales como el corredor Manta-Manaos.
– El uso intensivo de agrotoxicos sumado a los impactos relacionados al monocultivo de palma aceitera, ha ahondado en la crisis de la Pudrición del Cogollo, con ello se ha desplegado un gran espiral toxico que atenta a la salud ambiental, de los trabajadores y de las comunidades.
– Las autoridades que deben realizar el control de las plantaciones de palma aceitera como el Ministerio del Ambiente, el MAG o SENAGUA han descuidado sus funciones, y no han dado respuesta a la problemática.
– Denunciamos que no hay acceso a la justicia, pues los grandes grupos empresariales de la palma sobornan al mecanismo judicial.
– Denunciamos que la RSPO, con su certificación dada a las empresas palmicultoras, legitima la expansión de los monocultivos de palma, la violación de derechos de las comunidades locales y la destrucción de ecosistemas.
Frente a ello, los pueblos originarios y campesinos quienes reivindicamos nuestra relación con la naturaleza, tenemos el deber y el derecho colectivo e histórico de recuperar, fortalecer y mantener el cuidado y la protección de nuestras formas de vida, de nuestros saberes y derecho propio, nuestra autonomía, nuestra agricultura tradicional campesina y nuestra soberanía alimentaria.
Ante esta situación de vulneración de derechos, las comunidades y pueblos afectados, nos agrupamos en la RED de pueblos soberanos contra la palma aceitera, y planteamos soluciones que deben ser de obligado cumplimiento para el Estado y la sociedad ecuatoriana:
– Es vital recuperar y proteger los ríos, para que se pueda beber el agua de forma segura, se recupere la fauna y flora de la que dependen las comunidades para la vida, para la recreación, para las actividades cotidianas y por su simbolismo cultural.
– Las empresas aceiteras deben asumir sus responsabilidades económicas y sociales por los daños causados, y debe emprenderse un proceso de reparación integral a la población y la restauración de la naturaleza.
– La justicia debe ser independiente de las presiones de las grandes empresas para poder aplicar la ley y los derechos de las comunidades.
– Debe ser una política de Estado asegurar el trabajo y el acceso a la tierra en el Ecuador, para detener que las personas más jóvenes sigan emigrando a las ciudades por falta de alternativas en el campo.
– Demandamos que se priorice el apoyo a la agricultura campesina de pequeña escala, la cual alimenta a nuestros pueblos, ya que es la encargada de la producción destinada al consumo local en contradicción con los monocultivos centrados en la exportación.
– Hay una oportunidad de transitar los territorios de palma aceitera hacia sistemas de producción diversificada, con más rendimientos y menos agresivos con el ambiente, como el cacao nacional orgánico, para lo que es necesario el apoyo al pequeño campesinado.
– Las autoridades actuales deben revertir la situación; estas resoluciones serán entregadas al Presidente de la República, Ministro de Agricultura y al Ministro del Ambiente, para que salgan de su inacción y de la promoción de la palma aceitera.
– Exigimos que el Ministerio del Ambiente realice los controles pertinentes para evitar la sustitución de bosques nativos por palma, y la contaminación generada por las plantaciones y extractoras de aceite.
– Exigimos que la CFN, el BNF y otras instituciones de crédito coordine con el Ministerio del Ambiente y MAGAP para NO otorgar créditos a proyectos que causen deforestación, conflictos sociales ni violaciones de derechos.
– Mientras se sigan violando nuestros derechos como comunidades, proclamamos el derecho a la resistencia de los pueblos contra la entrada de las palmicultoras aceiteras a los territorios comunales y campesinos.
– Las organizaciones acá reunidas estaremos monitoreando las tierras bajo palma aceitera para exigir un verdadero conteo y unas estadísticas oficiales ajustadas a la realidad.
Nos comprometemos a darle continuidad a este encuentro a través del fortalecimiento de nuestras organizaciones y redes, mediante el desarrollo de espacios de discusión y acciones en contra de la expansión de la palmicultura, así como la intensificación de nuestras resistencias y luchas desde el nivel local, nacional e internacional. Hoy nos articulamos como red de organizaciones sociales y campesinas frente a la palmicultura.
Los hechos acá relatados de violaciones de derechos, así como estas propuestas buscarán también la justicia internacional y la solidaridad de las organizaciones sociales de todo el mundo.
Entrevista a María Eugenia Villareal, directora de ECPAT Guatemala, sobre la situación de explotación sexual infantil en Guatemala, con una especial atención al turismo sexual, así como las iniciativas desarrolladas para hacer frente a esta problemática.
Crédito Fotografía: Maria Eugenia Villareal. Imagen de Giorgio Trucchi.
Guatemala es uno de los destinos turísticos más atractivos de la región centroamericana e invertirá cerca de 90 millones de quetzales (12 millones de dólares) en promoción turística durante 2018. Datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) señalan que durante 2017, más de 2,1 millones de personas visitaron el país, con un 11% de crecimiento general con respecto al año anterior. También hubo un aumento del 24% de los excursionistas que arribaron a través de 122 cruceros. La actividad turística generó 1,2 mil millones de dólares en divisas y representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), el 2,6% del empleo directo nacional y el 7,3% del indirecto.
Lamentablemente, el pujante sector turístico guatemalteco trae consigo la aparición de manifestaciones sociales negativas, que pasan desapercibidas a los ojos de la mayoría de la población y que las autoridades no abordan con la beligerancia que se necesita para prevenir y combatir estos delitos.
El Informe Global sobre la Trata de Personas 2016, presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) revela que casi un tercio del total de víctimas de trata de personas a nivel mundial son niños y niñas (28%). En regiones como África subsahariana, Centroamérica y Caribe este grupo poblacional llega a representar hasta el 64% de las víctimas. Mujeres y niñas representan el 71% de las víctimas a nivel mundial, sobre todo con fines de matrimonio o esclavitud sexual.
En Guatemala el turismo sexual está tipificado en la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (Ley VET) como la “utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad” (art. 43). De acuerdo con la legislación, quien facilite, organice, promueva o permita de cualquier forma la realización de
los delitos contemplados en este capítulo, a través de actividades relacionadas con el turismo, será sancionado con prisión de seis a diez años y multa de 100 mil a 500 mil quetzales (de 13 mil a 66 mil dólares).
La Asociación para la eliminación dela explotación sexual, pornografía, turismo y tráfico sexual deniñas, niños y adolescentes (ECPAT International, por sus siglas en inglés) es la más grande red de organizaciones e individuos dedicada al combate de la explotación sexual infantil a nivel mundial. Cuenta con afiliados y grupos nacionales en 82 países alrededor del mundo.
María Eugenia Villareal es directora de ECPAT Guatemala, organización que ha venido posicionándose como referente en el tema de trata y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el país centroamericano.
María Eugenia Villareal. Imagen de Giorgio Trucchi.
¿Qué hay detrás de la explotación sexual infantil?
El drama de la explotación sexual infantil es muy complejo. Guatemala es uno de los países de la región más afectados por este fenómeno. El turismo sexual es parte de esta tragedia.
Son personas que se organizan para viajar con el propósito de tener relaciones sexuales. Esto es su objetivo y es una forma de explotación sexual a través de la actividad turística.
En el caso de Guatemala, son turistas, tanto nacionales como extranjeros, que viajan a determinados lugares del país para tener relaciones sexuales, sobre todo con menores de edad. Hemos detectado focos rojos para el turismo sexual en Antigua, la zona de Panajachel (Lago Atitlán), Flores (Petén), Puerto San José e Izabal.
También son focos rojos para la trata de personas y la explotación sexual comercial infantil las zonas fronterizas con México, Honduras y El Salvador. Allá la gente se cruza la frontera para tener relaciones sexuales y luego regresa a su país. Son zonas decadentes y desoladas, como el infierno de Tecún Umán, donde reina la miseria y la violación de los derechos humanos está a la orden del día. Niños, niñas y adolescentes, principalmente hondureñas y salvadoreñas, son escondidas dentro de los camiones e introducidas al país para después explotarlas sexualmente.
Las víctimas de turismo sexual son en su mayoría menores de edad, con un bajo nivel escolar, que sobreviven en la economía informal, por ejemplo, desplazándose por los lugares vendiendo artesanía o golosinas. Muchas veces los turistas atraen a las y los menores de edad proponiendo llevarlas a comer o comprarles toda su mercadería a cambio de tener relaciones sexuales con ellos.
Las chiquillas aceptan porque no tienen alternativas. Me acuerdo de una niña que, ante mi asombro, me decía: “¿Cómo le voy a decir que no? Me da de comer. ¡Hasta puedo comer pollo!”. Es horrible. El turismo sexual se aprovecha de la pobreza de la gente.
Si entendí bien, el turismo sexual en Guatemala se manifiesta de diferentes formas dependiendo del lugar, del foco rojo.
Así es. Además, son formas que cambian continuamente y hay que estarlas monitoreando y actualizando constantemente. Piensen sólo en la difusión masiva que ha tenido en los últimos años el servicio Airbnb. Cientos, miles de casas o departamentos prácticamente sin control, donde se vuelve casi imposible detectar casos de explotación sexual.
Material campaña ECPAT. Imagen de Giorgio Trucchi
En Antigua, por ejemplo, los bares cierran entre 12 y 1 de la mañana. Después de esa hora es cuando se activan los after parties, es decir fiestas en casas particulares donde se traslada la prostitución y la explotación sexual infantil. A estas casas llegan casi solamente extranjeros a buscar menores de edad. Muy similar a lo que pasa en Panajachel.
En Puerto San José el contexto del turismo sexual es otro. Aquí tenemos la presencia casi exclusiva de turistas nacionales, que llegan en grupo o solos y que van para tener relaciones sexuales con quien sea que encuentren. Niños, niñas, adolescentes o mujeres. No importa.
Luego está la zona de Izabal (Puerto Barrios, Livingston) con una institucionalidad fallida y una falta casi total de gobernabilidad por la fuerte presencia del narcotráfico. El control del crimen organizado es absoluto e incluye todo lo que es prostitución y explotación sexual. Niños, niñas y adolescentes llegan en barco desde Honduras para ser explotadas sexualmente.
Además de las zonas fronterizas y de su debilidad estructural de gobernabilidad que ya hemos mencionado, otro foco rojo es la zona de Flores, en el Petén, que representa un gran atractivo turístico por la presencia de importantes sitios arqueológicos como Tikal y Aguateca.
¿Qué se está haciendo para combatir este flagelo?
En Guatemala se aprobó la Ley VET que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. Las autoridades del país también crearon la Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (SVET) que coordina interinstitucionalmente las políticas para combatir este flagelo.
Pero lo más complicado es que estos temas, incluyendo al turismo sexual, están invisibilizados. La misma población tiene muy poca percepción de su existencia. A esto se suma una muy baja capacidad de detección de casos y una escasa investigación de parte de las autoridades. Todo esto genera un fuerte subregistro de los casos.
Como organización nos hemos coordinado con la SVET y hemos realizado investigaciones profundas, tanto sobre la explotación sexual infantil como sobre turismo sexual. En el transcurso del año vamos a realizar una actualización de dichas investigaciones.
Material campaña ECPAT. Imagen de Giorgio Trucchi
También se han desarrollado fuertes campañas de prevención contra el turismo sexual. Se elaboró un código de conducta para que se aplicara en hoteles, bares, restaurantes. Se capacitó al personal de los diferentes servicios turísticos, incluyendo al sector transporte y al personal fronterizo, para prevenir la explotación sexual y trata de menores
Algo muy interesante que iniciamos ha sido trabajar con líneas aéreas, como por ejemplo la mexicana Interjet. Capacitamos a todo el personal de la compañía y hemos creado tres filtros para la detección de posibles casos de explotación sexual infantil: durante el check in, al momento del abordaje y durante el vuelo. En caso de comportamiento sospechoso, el personal de la línea aérea avisa a las autoridades en el país de destino.
¿Falta mucho por hacer?
Hemos avanzado, pero falta muchísimo. De parte del Estado no ha habido la voluntad necesaria. Nosotros hemos elaborado el plan operativo estratégico de la SVET, pero no se ha ido más allá de realizar algunas cosas. Se ha capacitado a los funcionarios públicos, se han hecho planes de investigación penal. Lamentablemente parece que para el Estado estos temas no son una prioridad.
También hay que ampliar y coordinar el trabajo institucional a nivel regional. En sentido ECPAT acaba de presentar la iniciativa de crear e integrar la Red Regional de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas. El objetivo es cumplir con el memorándum de entendimiento entre los Fiscales Generales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y los Procuradores Generales de Guatemala y República Dominicana, para fortalecer la cooperación en el combate a la trata de personas y la persecución penal transnacional de dicho delito.
Hay que profundizar las investigaciones sobre como el turismo sexual ha ido modificándose. Si queremos enfrentar y erradicar a este flagelo debemos buscar soluciones integrales, desde los detectores de primera línea hasta la investigación y sanción penal del delito. Soluciones que también tengan que ver con el combate a la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y a una vida digna.
