Durante 2016 y 2017 Honduras registró un total de 1,232 agresiones contra defensoras y organizaciones de derechos humanos, con un aumento significativo respecto a los años anteriores. A nivel mesoamericano, con el 37 por ciento del total regional, Honduras es el segundo país -después de México- con la mayor cantidad de agresiones.
Los ataques contra las mujeres que defienden la vida aumentan cada día, en particular contra quienes defienden la tierra, los territorios, los bienes comunes, la educación, el derecho a una vida libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos.
El Informe “Defender para Vivir”, presentado recientemente por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras (RNDDHH), señala que la mayoría de las víctimas pertenecen a pueblos originarios y comunidades rurales.
Las principales formas de agresión tienen que ver con ataques contra la reputación, la vida, la integridad física y mental, contra el derecho a la libre expresión, la asociación y la reunión.
Los actos de intimidación y hostigamiento psicológico representan casi el 24 por ciento del total de agresiones contra defensoras.
Régimen extractivista
Patriarcado y racismo anclados al capitalismo
El Estado, sus cuerpos represivos y las empresas extractivistas son los principales responsables de la vulneración de los derechos de las mujeres defensoras y sus familias.
El golpe de Estado de 2009 y el fraude electoral del año pasado facilitaron la imposición y consolidación de un modelo de país autoritario, económicamente regresivo y socialmente injusto, cuya cultura política está atravesada por prácticas de corrupción desmedida, violencia estatal y paraestatal.
“Estamos viviendo bajo un régimen extractivista. No es solamente un modelo económico de explotación, sino también un modelo de relacionamiento, pensamiento y cultura del despojo.
Defender la tierra y los bienes comunes, multiplicando y diversificando prácticas y experiencias de lucha, se ha convertido en una identidad política”, dijo a La Rel, Melissa Cardoza, escritora y activista de la Red Nacional de Defensoras.
Campaña de desgaste
Escalada de violencia
Los portadores de esta idea de dominación patriarcal y racista, profundamente anclada y fortalecida en el capitalismo, lo miran como un peligro y atacan con violencia.
“Son campañas brutales y sistemáticas de desgaste psicológico con un fuerte componente de género. Cuando no logran doblegarlas, los perpetradores de las agresiones suben el nivel de la violencia.
Criminalización, judicialización, arrestos y detenciones arbitrarias, agresiones físicas y hasta atentados contra la vida, como ocurrió con Berta Cáceres y otras compañeras”, explicó Cardoza.
“Las matan por ser mujeres, por ser indígenas o campesinas, por ser miembro de la comunidad LGBTI.
Para ellos hay vidas que sobran. Por esto asesinan. Quieren acabar con ellas en cuanto portadoras de un pensamiento que se opone a la lógica extractivista explotadora”, aseguró la militante feminista.
Un elemento de fundamental importancia que revela el informe es el muy alto nivel de impunidad.
De hecho existe un sistema de justicia de doble velocidad: prácticamente inmóvil cuando se trata de investigar las agresiones y los femicidios, y exageradamente rápido cuando debe perseguir y encarcelar a las defensoras.
Una sociedad militarizada
Más violencia, más agresiones
La lógica de dominación extractivista, fortalecida en el actual régimen dictatorial, tiene como principal respaldo el incremento de la militarización de la sociedad hondureña.
Esta condición no podrá que generar más violencia y más agresiones. Sin embargo, las mujeres se mantienen firmes.
“Es increíble ver cómo estas mujeres, a pesar de tanta persecución, no abandonan la lucha.
De todas las mujeres incluidas en este informe ninguna ha desistido, no sólo por un profundo sentido de justicia, sino porque sienten que pertenecen a un ecosistema social y natural.
Ellas asumen los riesgos ante el intento de imponer un régimen extractivista de despojo, concluyó Cardoza.
Por: Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Alerta! Agresión contra las comunidades que se encuentran en contra de la construcción de proyecto hidroeléctrico de la empresa HIDROCEP, propiedad de Jason Hawit.