Otros Mundos Chiapas: En durango Reprimen y golpean a defensores en resistencia contra la planta de cianuro de Chemours

Comunicado urgente del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT), miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 9 de marzo 2018

Actualización a 12 de marzo: El sueldo de la brutal represión ejercida por el Estado es de 34 policías y 17 defensores heridos, y más de 40 defensores detenidos

-El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT) protesta contra el Proyecto Chemours Laguna

-La “Chemours Company” pretende fabricar 65,000 toneladas de cianuro en la Comarca Lagunera

-Granaderos golpean y detienen a miembros del Frente Unido

El día de hoy 9 de marzo, en el contexto de una protesta convocada por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (UPLDVT) en contra del Proyecto “Chemours Laguna” que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año, granaderos estatales y municipales reprimieron, golpearon, balearon y detuvieron a miembros del Frente mientras ejercian su derecho a la protesta social pacífica constitucionalmente protegido.

Alrededor de las 5:00 hrs de la mañana más de 500 personas que respondieron al llamado del Frente Unido se presentaron en el Ejido de La Aurora, municipio de Gómez Palacio, Durango, para manifestar su preocupación y oposición al Proyecto “Chemours Laguna” así como su descontento hacia las autoridades municipales quienes, de manera ilegal, han facilitado todos los permisos a la transnacional química para poder producir cianuro de sodio, uno de los venenos más potentes del mundo que genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y cuya producción, en La Comarca Lagunera, podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.

Hacia las 10:00 hrs. aproximadamente, 200 granaderos estatales y del municipio de Gómez Palacio, Durango, arribaron al Ejido de La Aurora y reprimieron la protesta del Frente Unido. En ese contexto, fueron heridos Don Saturnino Hernandez de 80 años, Horacio Ramirez, el joven Luis Mario Carrillo entre otros; así mismo, fue detenido el compañero Avelino Rodríguez y un profesor cuyo nombre se desconoce.

Es importante señalar que durante la represión, los granaderos hicieron uso de armas de fuego hiriendo a uno de los manifestantes. Tenemos información de que en estos momentos, 14:30 hrs., diversas fuerzas de seguridad están buscando casa por casa a los miembros más visibles del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. La Red Mexicana de Afectados por la Minería responsabiliza de la represión así como de la seguridad de los compañeros heridos y detenidos a Jaime López, titular de la Dirección de Atención Ciudadana del gobierno municipal de Gómez Palacio así como a la presidenta municipal Leticia Herrera Ale y al gobernador del Estado José Rosas Aispuro.

La REMA y el Frente Unido exigen alto inmediato a la represión y la disposición absoluta de las autoridades municipales, estatales y federales vinculadas a la autorización ilegal del proyecto y a los hechos ocurridos el día de hoy para entablar un diálogo serio.

¡Alto a la represión de los defensores del territorio!

¡Fuera Chemours de Nuestro Territorio!

¡El Cianuro Mata!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Acción Colectiva Socioambiental

Familia Pasta de Conchos

Coordinadora Ciudadana de La Laguna

Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Sobenaría

Fotos: Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Más lectura sobre la represión de este viernes:

Cianuro o policía, el dilema de un ejido en Durango (Reportaje de Pie de Página)

Más lectura sobre la resistencia:

Durango: Declaratoria del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio

Durango: el proyecto de planta de cianuro “Chemours Laguna” es ilegal

Nos solidarizamos con la lucha contra la planta de cianuro de Chemours en Durango

 

Fuente:  Otros Mundos Chiapas

ACCION ECOLOGICA: MANDATO DE LAS MUJERES AMAZÓNICAS DEFENSORAS DE LA SELVA DE LAS BASES FRENTE AL EXTRACTIVISMO

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Las mujeres amazónicas de base defensoras de la selva frente al extractivismo acudimos por segunda vez a la presidencia de la república del Ecuador, para exponer nuestro mandato.

 

Considerando:

Que el Estado ecuatoriano es suscriptor de importantes convenios y declaraciones internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas como el:

– Convenio 169 de la OIT, la Declaración de NNUU sobre pueblos indígenas, Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas y la Constitución del Ecuador establece en el Art. 417 que “ Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución; Y el art. 426 menciona que “Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución”

No se trata de cualquier consentimiento sino que se debe respetar nuestro derecho a la autodeterminación y los estándares internacionales establecidos en materia de consulta y consentimiento, como lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku vs estado del Ecuador.

Considerando que la “consulta previa”, fue un proceso totalmente viciado y manipulado por la Secretaría de Hidrocarburos, que de ninguna manera reveló la posición de las comunidades y organizaciones legitimas y legalmente reconocidas por sus bases.

Lejos de existir un compromiso de respeto por la organización social de las nacionalidades indígenas, el gobierno inició un agresivo proceso de desconocimiento de las verdaderas organizaciones, lideres y empezó a legalizar a organizaciones y personas afines al propósito extractivista en la Amazonía, estimulando así las acciones de violencia sobre todo en contra de las mujeres lideresas.

En la implementación de los proyectos extractivos, petroleros en el marco de la ronda sur oriente de la concesión de los bloques 79, 83, 28 y de la ampliación del bloque 10. Así como el inicio de las operaciones mineras y concesiones a las empresas Chinas, Ecua Corriente S.A (ECSA), empresa Lowell, Ecuasolidos, Belaruisan Oil Company, Andes Petroleum y CELEC EP. no se respetaron estos derechos.

Considerando que para el ingreso de las empresas mineras en el territorio Shuar se violentaron los derechos humanos fundamentales a la vida, fue y continua militarizado el territorio provocando el desalojo y amedrentamiento de las familias Shuar para facilitar operaciones mineras.

Los lideres indígenas que se opusieron a la implementación de los proyectos mineros fueron criminalizados, siguen perseguidos; Y han tenido que abandonar a sus familias y territorios remontándose en la selva

Por lo tanto las mujeres de la Amazonía demandamos el cumplimiento del siguiente mandato –>Mandato de las Mujeres Amazónicas

 

Fuente: Accion Ecologica

RADIO TEMBLOR: MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD ALZAN SU VOZ EN ENCUENTRO FEMINISTA

Muchas veces la voz de las privadas de libertad es visibilizada en medios de comunicación con una carga de estereotipos y juicios que revictimizan a la mujer, y son pocas las oportunidades donde se les da voz a éstas y se logra el cuidado necesario de la información sin que genere en la opinión pública mofa o falta de sensibilidad.

El Primer Encuentro Intergeneracional Feminista, organizado en Ciudad Panamá por el Espacio de Encuentro de Mujeres y el Colectivo Tener Ovarios, se llevó a cabo el segundo fin de semana de marzo, y fue uno de esos momentos seguros que encontraron las mujeres privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (CEFERE) y de la sección femenina del Complejo Penitenciario Nueva Esperanza en Colón, para enviar su sentir mediantr un comunicado, con el fin de que se conozcan sus condiciones de vida y desde la sororidad femenina, buscar se les protejan sus derechos.

La necesidad de elevar su voz atiende a diferentes demandas que ameritan una revisión urgente por parte de una sociedad panameña, firmante y que debe ser garante de los derechos humanos, sin distinción.

En cuanto a condiciones de salud, las privadas de libertad denuncian:

– Proliferación de ratas, moho, aguas servidas y otras alimañas, las cuales les afectan y pone en riesgo de contraer enfermedades.

– La manipulación de los alimentos es en un área insalubre, ya que a un lado de la cocina del CEFERE se encuentra una zanja con todo tipo de desechos y malos olores.

– En el caso de Colón, no hay una dieta balanceada para las personas con enfermedades crónicas y la mayoría de las veces los alimentos vienen crudos y fuera de horario, eso sin tomar en consideración que regularmente en este centro carecen de agua (frecuencia de tres veces al día, por una hora).

– Los gastos que hace el Estado panameño para sus alimentos forman parte de un negociado y no van acorde con lo suministrado a la población ni a la cantidad de habitantes.

– La clínica del centro no cuenta con la suficiente cantidad de medicamentos y siempre se cancelan las citas médicas en centros hospitalarios extramuros por falta de personal de la policía y transporte. De la misma forma, hay mujeres sin operar, sin atención a especialistas o a quienes no les entregan los resultados de los exámenes que ya se han realizado.

Sobre los procesos, reclaman:

– Les parece una burla que haya tantas mujeres privadas de libertad recluidas mientras se encuentran en proceso, lo cual viola su derecho a la inocencia y debido proceso. Más aún, tomando en cuenta que muchas de las que están en este lugar es por haber estado en el momento o lugar equivocado, o sencillamente han sido el pez más débil de la cadena y el más fácil de enjuiciar y culpar.

– Tanto los abogados (particulares y de oficio) como personal administrativo y del sistema de justicia, dilatan los procesos al no ser eficaces a la hora de hacer su trabajo, agrandando la mora judicial y su instancia en este lugar. Algunos ejemplos son: los retrasos en la entrega de mandamientos y documentos judiciales, los cambios de juicio, pérdidas de audiencias (hasta 7 veces seguidas), ineficacia al momento de clasificaciones y evaluaciones psicológicas, y pérdida de registro de conmutaciones.

– Se sienten ignoradas y que no les toman en cuenta para las rebajas de pena, libertades condicionales o perdones.

Respecto a sus familias, puntualizaron:
– No todas las mujeres reciben visitas ya que la mayoría viven en condiciones empobrecidas o son extranjeras, y las que reciben visita lo hacen dentro de una infraestructura defectuosa y por un tiempo limitado.

– Las requisas por las que pasan los y las familiares son bochornosas.

– La burocracia para obtener una visita conyugal es sumamente complicada, siendo un componente de la desintegración familiar. Apenas un 1% de las privadas de libertad accede a una visita conyugal.

Las privadas de libertad en Panamá dejaron un silencio de consternación, quizás impotencia o molestia en las presentes en el I Encuentro Intergeneracional Feminista, que sin lugar a dudas incluye dentro de su declaración aportes de quienes dependen de la voz de las mujeres que gozamos de esa anhelada libertad, y tenemos el poder de ser eco o no de esta voz que está amurallada.

Eugenia Rodríguez, quien lleva un trabajo de acompañamiento con las privadas de libertad, y moderó la Mesa “Sobre los feminismos: un movimiento en permanente construcción y cambio”, durante el Primer Encuentro Intergeneracional Feminista, tiene una reflexión al respecto, y apunta a que las mujeres privadas de libertad, se encuentran con un sistema de justicia ciega, patriarcal, que no les reconoce sus derechos a salud sexual y reproductiva ni de vínculos familiares. Por tanto, estamos ante una ceguera de género para comprender el delito, una ceguera de género para juzgarlas y una ceguera de género para encerrarlas.

La investigadora, manifestó que es importante recordar que desde la mirada del feminismo, se trata de mujeres en las cuales el contexto del delito en el que incurren tiene mucho que ver con situaciones de marginación, pobreza, explotación y alta vulnerabilidad, siendo un eslabón débil por el hecho de ser mujeres. Además, mencionó, el aspecto económico, la presión por el hecho de ser jefas de hogares con altas cargas domésticas y económicas y mínimas oportunidades laborales y menos en el sector formal, les hace presa del mundo de las drogas, y eso lo explica el hecho que el 70% de las mujeres privadas de libertad han incurrido en este tipo de delitos.

A veces debemos aprender a leer las líneas, que no son siempre las mismas y recordar, como expresan las mujeres privadas de libertad en el comunicado por el Día Internacional de la Mujer: “Las mujeres que estamos aquí somos madres, hijas y compañeras, la gran mayoría seguimos siendo jefas de hogar, y desde la privación de libertad se nos deterioran nuestros lazos familiares. Estando aquí hemos perdido nuestras familias y al dejar de producir, por estar en este lugar, nuestros hijos empiezan a tener carencias, tanto emocionales como económicas. Creemos que las políticas públicas que hay en torno a las cárceles debe cambiar y que este lugar no siga siendo un depósito de personas.”

Por Sharon Pringle Félix
Foto de Eugenia Rodríguez

 

Fuente: Radio Temblor

Los mitos del progreso minero: el Banco Interamericano de Desarrollo miente

Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería, a 9 de maro 2018

El 5 de marzo de este año en un panel de discusión organizado en Toronto, Canadá, por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo un llamado a “la responsabilidad social de las mineras en Latinoamérica”.

Como Red Mexicana de Afectados por la Minería queremos denunciar algunas declaraciones hechas dentro de este evento por miembros del BID y varios directivos de empresas mineras presentes en esta reunión. Consideramos que hay una gran tergiversación del discurso que presenta a la minería como una actividad sustentable, cuando, en los hechos, tenemos cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas por la actividad minera en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad, cada vez mayor, de pasivos ambientales irreversibles y de los cuales estas empresas no se hacen responsables.

Es una incongruencia terrible, que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando las compañías mineras -nacionales y extranjeras-, saquean a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros.Sin duda, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sustenta el modelo extractivo y neoliberal contra lo cual luchamos. Bajo sus siempre ambiguos conceptos de “desarrollo”, “inclusión social e igualdad” o “sostenibilidad ambiental”, este banco apuesta a la explotación minera como solución para el desarrollo en América Latina. Actuando como financiador de proyectos privados de despojo, con graves consecuencias sociales y ambientales, inversiones que muchas veces sirvieron para mejorar la imagen de las empresas mineras y permitir la aceptación de sus proyectos. Además, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del BID, que se dedica al financiamiento directo e indirecto de pequeñas y medianas empresas, ha financiado directamente algunos proyectos mineros, como por ejemplo, el préstamo de 5.7 millones de dólares que hicieron a la empresa Somin Compañía Minera de Sonora S.A.P.I. de C.V. para la extracción y el procesamiento de sulfato de sodio en Sonora. También la CII ha financiado varios proyectos de producción de energía muy controvertidos y rechazados localmente como los parques eólicos, Eólica del Sur o Eurus en el Istmo de tehuantepec en México o las hidroeléctricas Chixoy (Guatemala) o Revantazón (Costa Rica).

Respecto al análisis que hicieron los expositores del evento con relación a que “la minería puede y debe ser un agente de desarrollo inclusivo en Latinoamérica y el Caribe”, reiteramos que la minería, sin importar cuanto intenten adornar sus discursos, sólo es un agente de desarrollo para las finanzas de las empresas y de los actores políticos que las favorecen. Para los pueblos la minería es, y siempre será así, un agente de despojo, destrucción y muerte. Como señalamos líneas arriba, cientos de luchas a lo largo del continente, son la prueba contundente de ello.

En relación a la declaración de Paulo de Sa, asesor senior del BID, quien asevera que “es necesario territorializar la industria minera para darle el aspecto de desarrollo social”, reiteramos que la minería no genera ningún desarrollo social, sino todo lo contrario. Por citar un ejemplo entre tantos; en el municipio de Fresnillo en Zacatecas, opera la mina Fresnillo de Grupo Peñoles, la tercera mina de plata más grande del país que generó 318 millones de dólares en venta en 2015. Sin embargo, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 2015, el municipio de Fresnillo sigue siendo el municipio con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107 mil 088) en el estado y el segundo municipio con mayor pobreza extrema (11 mil 685), además de ser el municipio con los más altos índice de homicidios violentos y secuestros en todo el estado. Si analizamos los datos que propone CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la población vulnerable por carencia social (educación, salud y vivienda), aumentó más del 6 % (6.1 para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue “sólo” de 4%. Durante esos 5 años no se generó ningún desarrollo social en esos municipios, a pesar que concentran dos de las minas más grandes y con mayor ganancia a nivel nacional.

Por otra parte referente a la declaración de Daniel Kaufmann, presidente de NRGI (Natural Resource Governance Institute), quien dijo: “En el pasado los códigos mineros decían que la minería tenía prioridad sobre cualquier otra actividad”, recordarle que esas falsas ventajas, no sólo siguen vigentes en muchos países del continente, sino que se siguen promoviendo más, por ejemplo la ley minera mexicana en vigor, estipula en su artículo VI que “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. Del mismo modo, la recién aprobada Reforma Energética, da la misma categoría de actividad preferente a los hidrocarburos. Todo lo cual contraviene claramente los derechos de los pueblos indígenas y comunidades sobre su territorio.

En el contexto de este foro se mencionó también que la industria minera no alcanza la igualdad de género y que es necesario incorporar a más mujeres. Como si de verdad ayudara al proceso de empoderamiento de la mujer al aseverar que “ellas son muy buenas conductoras de camiones”, según expresó el directivo de Goldcorp. Por su parte, Eurídice González, directora de McEwen Mining en Sinaloa, México declaró que “Las mujeres tenemos que recorrer un largo camino para poder ser parte de la industria minera”.

Ante esta postura, consideramos que esta supuesta equidad de género manejada desde la industria minera, es sólo una máscara y una estrategia publicitaria. Las mujeres en las comunidades, no sólo no piden ser parte de la industria minera, sino además están al frente de las resistencias, por lo tanto, a gritos exigen que las mineras salgan, “que se larguen” de sus territorios, ya que son ellas quienes sufren, violenta y sistemáticamente, de manera directa en sus cuerpos y en sus vidas, los graves impactos del extractivismo minero.

Por otra parte, desde los movimientos sociales y la defensa territorial hemos documentado las múltiples afectaciones a la salud de las mujeres por esta industria, por ejemplo, en implicaciones sobre el embarazo (desde abortos y partos prematuros, hasta malformaciones). Así mismo se ha hecho evidente la criminalización y asesinatos por parte de gobiernos y empresas para las y los defensoras del territorio, como sucedió con nuestros compañeros Bety Cariño y Mariano Abarca, fundadores de REMA, o Berta Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en Honduras.

Y si hablamos del tipo de empleos que genera la minería, los mismos trabajadores en múltiples ocasiones han denunciado las precarias condiciones laborales en las que se encuentran muchos de ellos, así como la negligencia e irresponsabilidad de las empresas ante los accidentes ocurridos y el fallecimiento de mineros. Recordemos el caso de Pasta de Conchos, a 12 años de impunidad.

Desde REMA denunciamos y desmentimos los supuestos beneficios de la minería, que además de enriquecer a los insaciables capitales privados -mexicanos y extranjeros- son sinónimo de contaminación y degradación ambiental, fragmentación comunitaria, represión, despojo, saqueo, injusticia e impunidad.

¡La minería sustentable o socialmente responsable no existe!
¡La minería es agente de despojo, no de desarrollo
¡No a la Megaminería Contaminante!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Foto: La mina Fresnillo del Grupo Peñoes en Zacatecas (Crédito: Miguel Ángel Núñez)

 

Fuente: Otros Mundos Chiapas

RADIO TEMBLOR PANAMÁ. ACCIONES PANAMEÑAS EN EL MARCO DEL PARO INTERNACIONAL DE LAS MUJERES (VIDEO / FOTOGRAFÍAS)

Organizaciones sociales y feministas de Panamá, se unieron al Paro Internacional de las Mujeres, en el marco del 8 de marzo: Día Mundial de las Mujeres. Actividades y movilizaciones se realizaron en rechazo al elevado nivel de femicidio, la desigualdad salarial, discriminación, la violencia y la criminalización a defensoras de los derechos humanos y ambiente. Además de homenajear a las mujeres trabajadoras que sacrificaron sus vidas por mejor calidad de trabajos en la historia.

Panamá además de otras actividades conmemorativas, fue la sede del Congreso Mundial de Mujeres Trabajadoras organizados por la Federación Sindical Mundial FSM. En donde se abordo la persecución que muchas mujeres son víctimas del patriarcado como es el caso de la palestina Ahed Tamimi y su madre Nariman. También por las acciones terroristas que sufren las mujeres organizadas en Colombia por grupos neofascistas, la criminalización a las trabajadoras rurales en la India, y por los femicidios a defensoras del ambiente.

En horas de la tarde del 8 de marzo, organizaciones sindicales y de mujeres como la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social (AECSS) marcharon por las principales avenidas de la ciudad de Panamá hasta la Procuraduría General de la Nación para presentar demandas por los femicidios que aumentan en Panamá. Acción que fue acuerpada por la Federación Auténtica de Trabajadores FAT.

También la organización Espacio Encuentro de Mujeres EEM, realizó en el Parque Belisario Porras, un ritual exigiendo justicia por las niñas de Guatemala que murieron calcinadas, cuya acción global fue denominada Nos duelen 56+1 y en el marco del Encuentro Intergeneracional Feminista.

Por: Liian Ruíz / Olmedo Carrasquilla Aguila

 

Fuente: Radio Temblor