Las movilizaciones masivas en Ecuador durante el último año han estado protagonizadas por el movimiento de mujeres. El pasado sábado 25 de noviembre, miles de personas marcharon por las calles de Quito para exigir justicia contra todas las violencias en un Estado y sociedad patriarcal.
Los derechos de las mujeres se erigieron como la bandera de la lucha común en una marcha donde los colectivos sociales volvieron a abrazarse.
Fotografías: Isabel Salcedo (OCARU/IEE)
Fuente: Radio Temblor
El conflicto entre Palestina e Israel data de principios del siglo XX cuando los sionistas empezaron a reclamar el establecimiento de un Estado judío en tierras palestinas.
El 29 de noviembre de cada año, según las resoluciones 32/40B establecidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 02 de diciembre de 1977, se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo palestino, a fin de concienciar al mundo sobre la ocupación israelí, que el conflicto todavía no se ha resuelto y que los derechos de los ciudadanos no son respetados.
Inicio del conflicto palestino-israelí
Fue el 14 de mayo de 1948 cuando el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones unidas (ONU) aprobó la resolución 181, llamada la Partición de Palestina, que estableció la división de este territorio en dos Estados independientes, uno judío (israelí) en el 56 por ciento del espacio y otro árabe (palestino) en el 43 por ciento.
El 1 por ciento restante corresponde a Jerusalén que quedó como Corpus Separatum y bajo la administración de la comunidad internacional.
Con el paso de los años, Israel se ha hecho más grande, debido a que se ha apoderado de porciones territoriales que corresponden a Palestina, sometiendo a sus soldados y civiles que luchan por la defensa de sus derechos soberanos.
A pesar de lo complejo que pueda resultar entender los más de 100 años de este conflicto, está claro el ¿Por qué la solidaridad con el pueblo palestino?. Desde que se inició la disputa, el pueblo palestino ha sido víctima de una “limpieza” étnica, de acciones terroristas, del irrespeto a sus derechos humanos, usurpación de territorios, expulsión masiva y sistemática, encarcelamientos incluso de menores de edad y un sin fin de atropellos.
Desde 1947 Palestina ha perdido el 70 por ciento de su territorio, ocupado ilegalmente por el proyecto sionista. Como consecuencia de esta política de exterminio, millones de palestinos han sido sometidos al éxodo forzado, aunque mantienen y reivindican su identidad, su historia y su cultura.
Israel continúa su política criminal y de limpieza étnica contra el pueblo palestino. El estado sionista ha atacado de manera criminal a la franja de Gaza, la mayoría de ellos civiles entre los cuales hay mujeres y niños.
En los últimos tiempos la comunidad internacional ha expresado constantemente su apoyo con este país, manifestado su rechazo a las acciones de Israel.
El 29 de noviembre de 2012 la Asamblea General de la ONU reconoció a Palestina como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas en una resolución adoptada con 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 votos en contra. Estados Unidos, Israel, Canadá, Palau, Micronesia, la República Checa, Panamá, Nauru y las Islas Marshall fueron los países que votaron en contra.
Recientemente la ONU llevó a cabo una sesión especial en honor a la causa palestina, en la que el embajador Riyad Mansour calificó de insostenible la situación, debido a la violencia de las fuerzas de Tel Aviv y la campaña para colonizar Cisjordania con asentamientos que modifican su territorio.
El ente internacional ratificó el respaldo mundial a la causa palestina y a una solución pacífica que pasaría por poner fin a la invasión judía.
Ataques y agresiones que ha vivido el pueblo palestino en el último siglo
– Hasta ahora, todas las resoluciones de las Naciones Unidas que obligan a Israel a poner fin a la ocupación del territorio palestino han sido ignoradas, acción que ha contado con el respaldo de Estados Unidos.
– Después de 66 años de la expulsión de unas 950 mil personas de Palestina, la confiscación de sus viviendas, tierras y propiedades, ningún refugiado o refugiada ha podido retornar a su casa y mucho menos ha recibido reparación.
– Israel no cesa de colonizar la tierra palestina y de expoliar a este pueblo de sus recursos. Niega su autodeterminación y viola sus derechos fundamentales, con total impunidad, según expertos.
– Desde el año 2013 Israel autorizó la construcción de 14 mil nuevas viviendas en asentamientos ilegales, 3 mil 226 de ellas en Jerusalén Este.
– Entre 2013 y 2015 Israel también asesinó a miles de palestinos y lastimó a unos mil 751; además demolió 508 viviendas, escuelas, fábricas y demás construcciones palestinas; desplazó a 899 de ellos y arrestó a otros 3 mil 300.
Artículo de Ivonne Sánchez, integrante de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, publicado en el Boletín Nº234 – Noviembre 2017 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés)
“El fundamento del pensamiento crítico, entonces, está en la disconformidad
con el estado de cosas existentes y en la búsqueda de alternativas,
a partir de caracterizaciones de la situación presente, cuyas
causas pueden, evidentemente, ser buscadas en el pasado.” (1)
in memorian Hector Alimonda
La propuesta de incluir los bosques en las negociaciones sobre clima de la ONU cumplirá 10 años. Desde 2007, cuando se llevó a cabo la conferencia sobre clima en Bali, Indonesia, en el marco del avance del mecanismo REDD+ (2), el tema de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las comunidades locales, entre otros, ha sido un ir y venir de actores, guiones, escenarios, repartos, comedias, pero sobre todo han primado los efectos especiales y el arte del maquillaje.
LO BUENO
Hay que reconocer que el hecho de que en estos años se haya tratado de abordar el asunto de los derechos de los pueblos ante un problema tan grave como es el cambio climático es algo bueno. Quienes hemos levantado la voz desde hace veinte años, clamando por verdaderas soluciones al calentamiento global como la de dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo, apelamos siempre a los derechos de los pueblos en donde se los extraen, a los derechos de las comunidades en donde se han aplicado proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) u otros de compensación de carbono, o también a los derechos de la naturaleza.
Así, desde que se empezó a discutir el mecanismo REDD+ en las negociaciones sobre clima, muchas organizaciones sobre todo a nivel internacional presionaban para que se incluyera el término de derechos de los pueblos indígenas. Esta presión se encaminó eventualmente hacia la propuesta de “No Rights, no REDD+” (sin derechos no hay REDD+) en diciembre de 2008. Sin embargo, estas justas demandas tomaron otro curso en los años siguientes.
Un ejemplo es el del derecho al territorio que es un derecho colectivo que ha sido reivindicado por decenios, en particular el de la titulación de tierras y territorios. Si bien este último es un derecho ajeno a las prácticas consuetudinarias de demarcar y organizar sus territorios, ha sido necesario demandarlo ante la arremetida de los Estados.
En este contexto, el mecanismo REDD+ y los programas tipo REDD+ a nivel nacional, claramente están tergiversando este derecho esencial de los pueblos, puesto que para que el negocio del carbono funcione, a la propiedad colectiva se le debe dar un uso privado, pues en la transacción de créditos de carbono tiene que estar claro quién es el dueño de qué, en qué cantidad y, para este caso, en dónde y en qué extensión. Los compradores serán dueños de un título de propiedad sobre el carbono que se encuentra en una determinada –delimitada y titularizada- cantidad de tierra cubierta por bosques. La titulación de tierras entonces está siendo promovida y utilizada en este caso por los mercaderes de carbono para presentar ante los compradores una garantía de propiedad del carbono contenido.
Lo bueno de que los derechos humanos y de los pueblos hayan podido ser parte de la base de cualquier medida frente al cambio climático se corrompió.
LO MALO
Quienes han dominado las negociaciones sobre clima, desde actores corporativos, financieros hasta ONGs de la conservación y representantes gubernamentales hegemónicos, entienden y asumen el tema de los derechos de una manera totalmente diferente a la de los pueblos indígenas y otras comunidades locales.Los derechos humanos y de la naturaleza han sido sometidos al capital y a supuestos derechos empresariales y financieros. Los espacios de lobby y negociación empresarial que cooptan las cumbres sobre cambio climático han garantizado que los intereses corporativos primen por sobre el sentido común bajo el guion de que son los superhéroes salvadores del planeta. Así se establece un claro conflicto de derechos pues el dinero, como capital, ha pasado a ser sujeto de derechos, por encima del humano y de todas las formas de vida.
El Acuerdo de París, firmado en las negociaciones sobre clima de 2016, COP21, presenta una nueva escenografía pero con los mismos protagonistas. Entre otros inconvenientes, ratifica (Art. 5) la inclusión de los bosques “para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero”. Esto profundizará la pérdida de derechos de los pueblos a nivel local y, con la posibilidad de compensar las emisiones a través de proyectos tipo REDD+, se seguirá aumentando la extracción y quema de petróleo, gas y carbón y ahondará el problema del cambio climático. El Acuerdo de París, al mejor estilo de la Comedie-Française con su troupe permanente de actores, perenniza el reparto de cuotas de contaminación entre los más contaminantes y la posibilidad de hacer un negocio global, ya no solo con empresas sino también entre Estados.
Con el Acuerdo de París, la lógica de entregar los bosques para compensar contaminación se imprime con carácter planetario. Si bien REDD+ incluye plantaciones forestales, agricultura y suelos, es decir, cualquier vegetación o suelo que pueda contener carbono, pone la mira principalmente sobre los bosques de África, Asia y América Latina, que están en su mayor parte bajo sistemas de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y son, por esta misma razón, los mejor cuidados y los de mayor extensión.
REDD+ convierte a los pueblos indígenas y a la naturaleza en proveedores permanentes de servicios ambientales o ecosistémicos, por lo que podemos afirmar también que REDD+, no solamente contribuye a más pérdida de derechos de los pueblos y hace que empeore el cambio climático sino que, además, viola los derechos de la naturaleza, sometiéndola –como se hace con los pueblos- a procesos de esclavitud, servidumbre, y apropiación de sus obras, al convertir a sus ciclos biológicos, funciones, la recreación de la vida y ciclos reproductivos en un trabajo y mercancías que pueden ser compradas y vendidas.
LO FEO
Entre los objetivos de los promotores de REDD+ está el de tratar de disminuir las resistencias a la implementación de los proyectos en territorios indígenas, principalmente, y buscan convencer a las organizaciones para que el mecanismo REDD+ sea bien visto y aceptado.
Así, como un efecto especial cinematográfico, los derechos humanos y de los pueblos en las negociaciones sobre el clima se han ido esfumando o sufrieron metamorfosis. Derechos se convirtieron en estándares; derechos de las mujeres se transformaron en salvaguardas voluntarias; otros derechos se convirtieron en participación e involucramiento en el reporte y monitoreo; derechos colectivos y territoriales se convirtieron en gobernanza forestal; la protección y exigibilidad de derechos pasó a ser solo promoción o algo que se tomará en cuenta; derechos se convirtieron en establecer modelos operacionales para cumplir con las salvaguardas y consolidar los co-beneficios es decir “beneficios no-carbono” como señala la iniciativa REDD+ Indígena que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) sostiene a nivel internacional (3).
En definitiva, la inclusión de los derechos humanos en REDD+ no es más que un maquillaje para que se vea bonito, para tratar de detener la rebelión de los pueblos y para ocultar la verdad detrás de estos proyectos.
Ante esto, se debe proteger el derecho a la resistencia, a decir NO a proyectos de compensación de carbono, a no ser desplazados, a no ver restringido el acceso y uso tradicional de sus territorios, o a no ser utilizados para que compañías petroleras o mineras puedan violar los derechos de otra comunidad en algún otro lugar del planeta, a no ser manipuladas por el mercado internacional para que la maquinaria siga funcionando.
EPÍLOGO
Para terminar, se debe acotar más el sentido al que nos referimos cuando decimos derechos.
Aun cuando sabemos que los derechos son inherentes a los sujetos -humanos y no humanos-, estos no son estáticos. Los derechos son un proceso: histórico, político, social y natural. Son una cuestión de dignidad y van surgiendo como una reacción frente a la opresión, la discriminación, la pérdida del sustento de vida. Son un ideal a conquistar y no son donados por Naciones Unidas, ni menos por el Banco Mundial o las transnacionales de la conservación.
REDD+ asume que los derechos son una realidad ya conseguida, adjudicados por los operadores de este tipo de proyectos y los tergiversa al considerarlos una cuestión de gobernanza, burocracia o ingeniería institucional. También pervierte los derechos porque los “universaliza” en un marco de modernidad occidental capitalista; hoy los derechos por circunstancias históricas y políticas están embebidos de pluriversalidad cultural y natural.
Cuando se incluye el concepto de derechos en las negociaciones sobre el clima, como en el binomio REDD-derechos, se prioriza el beneficio del libre mercado y al mismo tiempo se anulan los contextos culturales y políticos de los pueblos en donde se desarrollan este tipo de programas y proyectos.
La propuesta de incluir los derechos en REDD+ debiera haber exigido el derecho a la real práctica de los derechos colectivos que se nutren de, según el mexicano Enrique Leff, los “derechos del ser cultural a la construcción de mundos de vida diversos”, de los “derechos a reinventar sus identidades culturales”, o de los “derechos para reconstruir mundos de vida y diseñar futuros posibles”. (4) REDD+ claramente impide el ejercicio de estos derechos.
(1) CLACSO. Pensamientos críticos contemporáneos: análisis desde Latinoamérica. Piedrahita C., Díaz A., Vommaro P. (comp.). Bogotá, 2015.
2) “Por ejemplo REDD+ aspira a cubrir 4.000 millones de hectáreas, es decir el 31 por ciento de la superficie de la tierra (no marina)”. Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. Presentación REDD+ COMO UN CASO DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. Lima, 2014.
(3) CBC-GIZ. REDD+ INDÍGENA EN EL PERÚ: Perspectivas, avances, negociaciones y desafíos desde la mirada de los actores involucrado. Pinto, V. Molero, M. (Eds). Lima, febrero 2014.
(4) Leff, Enrique. “Las relaciones de poder del conocimiento en el campo de la ecología política: una mirada desde el sur”. En: ECOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA. VOLUMEN I. Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. CLACSO. Héctor Alimonda [et al.] (Coords). Buenos Aires 2017.
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Foto: Manifestación contra REDD en Chiapas
Fuente: Otros Mundos Chiapas
“El MST, junto con otros movimientos sociales del campo, va a trabajar en una perspectiva de cierre de carreteras y participación en actos en las capitales. Nuestra expectativa es que eso impacte de forma decisiva al Congreso Nacional, para intentar impedir que esa propuesta sea llevada a “El gobierno está destruyendo todas las conquistas históricas de la clase trabajadora, estamos retrocediendo para antes del período [del ex presidente Getúlio] Vargas”, afirmó.
Entre los puntos mantenidos de la PEC original están las reglas de transición y las edades mínimas de jubilación en el futuro. Para el servidor público, no hay cambios en relación al dictamen de la comisión especial. Entre las medidas más criticadas de la propuesta inicial está el fin de la peculiaridad de la jubilación rural, que permite que los trabajadores rurales se jubilen con menor tiempo de contribución. Gilmar Mauro destaca que, con el cambio, millones de trabajadores no podrían jubilarse.
“El campesinado, en general, comienza a trabajar muy temprano, muchas personas en Brasil no logran superar los 55 años de vida, entonces eso sería una sentencia de muerte para millones de trabajadores”, enfatizó.
Para la vicepresidenta de la Central Única de los Trabajadores (CUT), Carmen Helena Ferreira Foro, el perjuicio de la reforma para las mujeres es uno de los principales puntos a ser enfrentados.
“En la actualidad, el único reconocimiento del Estado brasileño sobre el hecho de que las mujeres trabajen más que los hombres, con la doble jornada, es la Previsión, cuando reconocen que se jubilan cinco años antes”, dijo.
Las centrales sindicales pretenden realizar una amplia movilización en las bases para la paralización del día 5, con asambleas, actos y debates.
Edición: Vanessa Martina Silva
Fuente: Resumen Latino Americano
URGENTE DESDE HONDURAS… URGENTE DESDE HONDURAS…
La situación en Honduras es gravísima… El presidente Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional están negándose a reconocer los resultados electorales de las elecciones presidenciales de ayer día 26 de noviembre donde el pierde contundentemente frente al candidato de la Alianza Opositora liderada por su candidato presidencial Salvador Nasrala; y en estos momentos todo hace temer un fraude descarado a partir de un Tribunal Supremo Electoral bajo su control total.
Todos los comunicados de denuncia posibles desde todos los países del mundo son necesarios y urgentes (ante el gobierno de Honduras y antes sus embajadas), por el respeto a los resultados electorales, contra el fraude y por la integridad de toda la población hondureña ante una posible represión violenta generalizada en ciudades y comunidades. El país en estos momentos está absolutamente militarizado, y el pueblo está en las calles reclamando el respeto a los resultados electorales…
Fuente: Resumen Latino Americano
Declaration of Montevideo
1. The movements, social organizations and diverse expressions of the grassroots field of the Americas, heirs and protagonists of the struggles against imperialism and the military regimes in Latin America and the Caribbean, that rise up against the neocolonial agenda of free trade, privatization, looting and poverty represented in the defeated FTAA project, reaffirm the principles of solidarity and internationalism that unite us, as well as the commitment to continue fighting for a systemic transformation against capitalism, patriarchy, colonialism and racism.
2. Gathered in the Continental Meeting for Democracy and Against Neoliberalism, held in Montevideo, Uruguay, from November 16 to 18, after the intense exchange of experiences and struggles, we ratify the unifying agenda and articulation of social and political forces that we agreed on at the Havana Meeting in November 2015. We reaffirm the need to re-articulate the various grassroots alternatives and grassroots initiatives to face the neoliberal capitalist model of domination.
3. The advance of Capital over the peoples and their territories shows us that capitalism, racism and patriarchy form an intertwined model of multiple dominations. The new offensive of neoliberal forces deepens the same mechanisms of land grabbing, looting of common goods, exploitation of work and control of bodies. The rates of profit are guaranteed by adjustments that are based on more work without rights and overload of unpaid work by women, which guarantee that life is sustained in the context of accelerated precarization of their living conditions. The Transnational Corporations (TNCs), and the associated national elites, are the main beneficiaries of the neoliberal globalization model. The architecture of this domination is expressed in the free trade and investment treaties of new and old generation whose guarantor is, among others, the World Trade Organization (WTO).
4. In turn, the system of perpetual indebtedness is a mechanism of domination, conditioning the productive model and expropriation of public resources and collective goods, while deepening the profits of local elites, increasingly corrupt and dependent on the international financial system.
5. That same alliance is the one that sharpens the dispute between the process of permanent accumulation of capital and the processes of sustainability of life, generating an explosion of socio-environmental conflicts in the region, facilitating land grabbing and the displacement of large masses of peasants and indigenous peoples, creating a migratory, environmental and food crisis. By deepening the processes of financialization of the economy and nature, the national bases and the sovereign competences of states to develop public environmental and labor policies in favor of the peoples are being destroyed.
6. The institutions of formal democracy and the exercise of human rights have become an obstacle to this dynamic of capital. That explains the reduction of the spaces of democracy, the disregard of the popular will, the criminalization and judicialization of politics, whose culminating expression, among others, has been the parliamentary, legal and media coup against President Dilma Rousseff and the pretension of preventing the candidacy of former President Lula da Silva in Brazil.
7. The process of monopolization, concentration and control of information and technology by media corporations, with ramifications towards other branches of the economy, is an attack on the foundations of democracy. Given that in a globalized world who controls and distributes information has power even over the political powers and grassroots sovereignty.
8. The continental right seeks to advance the precariousness of labor relations and the elimination of collective bargaining, the deregulation of those contained in the Brazilian and Argentine reforms, as well as the offensive of the Uruguayan employers against collective bargaining in the ILO, are clear examples of that strategy.
9. This new conservative and reactionary advance reinforces hate and misogyny discourses concretized in racist and discriminatory practices against people of African descent, native peoples, migrants and the young population of the popular sectors. Control over bodies and sexuality is imposed with femicides, criminalization of abortion, violence against women and the LGBTI population. The xenophobic, racist and criminalization policies against migrants that have settled in the political discourse in the US and the European Union are dangerously imitated by the fascist right of Latin America and the Caribbean.
10. To this must be added the attack on human rights, the criminalization of grassroots movements, the murder and the disappearance of social leaders. The impunity of yesterday’s state terrorism becomes the founding basis of today’s impunity for big capital.
11. As part of that advance, the US government seeks to strengthen its imperial influence in the region and deploys a policy of open interventionism that, using all diplomatic, cultural, economic and military devices, attacks the sovereignty of the countries of the region. The strategy of militarization through the expansion of military bases and the presence of troops with “humanitarian” exercises hide the pretension of territorial control over the strategic commons of the region. The permanence of foreign security forces in Haiti, as part of the new mission of the UN, United Nations Mission for Justice Support in Haiti (MINUJUSTH), continues the occupation of that people and responds to this same logic.
12. This imperial strategy is condensed in the multidimensional war against Venezuela, which has moments of paramilitary violence, economic blockade, financial asphyxia, international sanctions, media criminalization and diplomatic isolation.
13. The serious breach of the Havana agreements that puts the peace process in Colombia in serious danger and deepens the violence in the occupation of territories by paramilitary forces, with the resurgence of the murders of popular social leaders. At the same time, the process of dialogue with the ELN is stalled by the government, which at the same time ignores the participation of the agrarian, peasant and Afro-descendant sectors in this process.
14. On the other hand, imperialism continues to attack the processes of progressive and grassroots oriented governments, intensifying the criminal blockade against Cuba and pushing back the process of normalization of relations between the US and the island; takes action against the government of Nicaragua; promotes sabotage to the management of the government of El Salvador; and besieges the government of Bolivia.
15. The new regional institutions promoted in recent years are also threatened, such as UNASUR and CELAC, which, even with deficits in their content and participation, constitute important efforts towards an integration that is not subordinated to US policy towards the region. We also denounce the setbacks that affect the Mercosur process and redirect it to the agenda of neoliberalism.
16. Claiming the important social and political achievements of the grassroots governments in recent years, we recognize the limitations we face in these processes, especially the lack of recognition of the importance of organized social mobilization to advance this transformation and overcome the predatory logic of the capitalist system.
17. From Montevideo and under the enriching influence of having shared the different experiences of struggle and resistance and creativity, of communities, groups and organizations that construct different forms of confrontation to the power of capital and of solidarity alternatives from and for the peoples, we ratify our commitment to the Continental Conference for Democracy and Against Neoliberalism, as a broad, diverse, plural and unifying process and a space for articulating the resistances and alternatives of our peoples.
18. It is essential to reinforce the political action of mobilization, organization and struggle from the popular forces to build true democracies and to promote a political project of transformation of popular character in Latin America and the Caribbean. There cannot be democracy without participation, without distribution of wealth, without access to information and justice.
19. We will continue fighting for the integration of our peoples and nations, claiming our cultural, social, political and economic diversity, placing the rights of peoples at the center.
20. We will face the reactionary offensive, affirming the free movement of people and the recognition of universal citizenship.
21. We will assume the non-negotiable defense of the autonomy and freedom of women, the struggle to put an end to femicide and all sexist violence, we also affirm the right to legal, public and safe abortion.
22. We will confront the transnational corporations and their strategies of capture and submission of democratic institutions, promoting concrete actions to reduce the space they have to evade and avoid their responsibilities.
23. We will mobilize to establish national and international instruments that prevent the rights of companies to have primacy over human rights and peoples, participating in the process for the adoption of an Internationally Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights.
24. We will promote a popular integration that respects the diversity of our cultures. That is built from the protagonistic participation of our peoples. That defends peace and self-determination in our territories, free of military bases and interventionism, with complementary economies and relations of solidarity and cooperation.
25. We will continue to demand the integral and popular agrarian reform, as a process that guarantees peasants access to land, water and territory as well as the protection of native seed and ancestral knowledge, thus promoting the development of food sovereignty and agro-ecology to feed our peoples.
26. We will continue promoting the articulation of our alternative and popular media under a coordinated communication strategy and we will also sustain the struggle for the democratization of communication in each of our countries as a way to limit the media power in the region. We will face the power of the transnationals defending free internet and free technologies.
27. We will maintain our solidarity with the people of Venezuela and their sovereign right to develop their social, political and economic project without aggression or interference, with a guarantee of peace and respect for their institutions.
28. From Montevideo, we summon all the social actors that are not part of the Convergence and the political forces of the continent to build a together a strategy that allows us to strengthen the popular mobilization and the struggles in the region.
29. This path of unity is a condition for transcending the dominant economic frameworks and proposing other ways of organizing social, productive and reproductive relationships that, based on equality, solidarity and social and environmental justice, build the food and energy sovereignty of our peoples and the dignified life in our territories.
In such sense we are summoned to:
1. Mobilize to repudiate the WTO Ministerial Summit in Buenos Aires in December 2017.
Year 2018
2. Unifying mobilization of all movements on March 8th
3. Be present and place our agenda against free trade and transnationals in the Alternative World Water Forum (FAMA), Brasilia, March.
4. Unifying mobilization of all movements on May 1st.
5. Mobilize to denounce the Summit of the Americas in Lima, in June 2018, as a scenario in which it intends to reinstate the agenda of neocolonial and imperialist domination in the continent.
6. Organize our unifying action around the G20 Summit in Argentina, second half of 2018.
7. Finally, we call on all the peoples of the continent to mobilize in a unified, combative and supportive manner in all our countries the week of November 19th to 25th, vindicating the agenda agreed at the Montevideo Meeting, as an expression of the action of our peoples in Defense of Democracy and Against Neoliberalism.
Continental Convergence for Democracy and Against Neoliberalism, November 18, 2017, Montevideo, Uruguay
Fuente: Seguimos en lucha
