La proliferación de proyectos turísticos-residenciales en los alrededores de la Bahía de Trujillo, en el litoral atlántico de Honduras, está generando fuertes tensiones entre empresarios turísticos, en su mayoría de nacionalidad canadiense, y sectores de las comunidades garífunas de la zona, que denuncian el despojo de tierras comunitarias y una creciente criminalización de la protesta social y la defensa del territorio.

Lea aquí el informe: Trucchi, Giorgio (2017). Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística. Alba Sud Editorial, colección Informes en Contraste, núm. 3.

Denunciadas por difamación

El 31 de julio pasado, las dirigentes y activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Miriam Miranda, Medalime David, Neny Heidy Ávila y Lety Hernández, estas últimas tres de la comunidad de Guadalupe, municipio de Santa Fe, fueron notificadas de una causa en su contra por el supuesto delito de ‘calumnias y difamación’ contra el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación CARIVIDA S. de R.L.

Según el empresario turístico, las acusadas habrían brindado declaraciones a medios nacionales e internacionales donde lo señalan por varios delitos, entre otros de haberse adueñado de tierras comunitarias empleando el engaño, la fuerza y las amenazas. Forseth dice que son responsables de haber dañado su reputación y la imagen de la empresa que representa.

Medalime David. Imagen de Giorgio Trucchi.

Las denuncias contra miembros de las comunidades garífunas organizadas en la Ofraneh no son nuevas. Medalime David fue detenida en noviembre del año pasado junto a otros tres miembros de la comunidad de Guadalupe -César Geovany Bernárdez, Celso Alberto Guillén y Cosme Ávila- por participar, con otros jóvenes de la comunidad, en la recuperación de un terreno en el que, en su momento, existió un proyecto de turismo comunitario, y que en 2012 fue inexplicablemente vendido a CARIVIDA. La joven garífuna fue apresada con violencia por elementos de la Policía Preventiva y la Fuerza Naval y acusada de usurpación. Tras un rápido juicio, David fue sobreseída definitivamente. No así sus compañeros. En mayo pasado, César Geovany Bernárdez fue detenido por el mismo delito y sometido a medidas sustitutivas a la prisión, entre otras presentarse regularmente ante el juez de Trujillo y no viajar al extranjero hasta que sea procesado.

Crónica de un despojo

Los jóvenes de la comunidad Guadalupe han denunciado en diferentes ocasiones que en la última década ha habido un acelerado proceso de venta ilegal de tierras ubicadas dentro del perímetro del título comunitario. En particular, acusan a inversionistas canadienses, entre ellos al mismo Forseth y a Randy Jorgensen –este último Ceo de Life Vision Developments– de usurpar tierras comunitarias para la construcción de complejos turísticos y casas vacacionales, en confabulación con testaferros nacionales e internacionales, miembros de la comunidad y funcionarios públicos.

De acuerdo a la información brindada en su portal web, Life Vision es actualmente el mayor promotor inmobiliario en Trujillo. Cuenta con más de 600 hectáreas de tierra frente al océano, donde desarrolla proyectos de viviendas con fines turísticos, como por ejemplo Campa Vista, Coroz Alta, Alta Vista, Floridad o se dedica a la venta de lotes. Banana Coast, Carivida Villas, Njoy Trujillo Beach Residences y Njoy Santa Fe Beach Residences, Marea Honduras son solamente algunas de las inversiones turísticas que han venido surgiendo en una zona que ya ha sido rebautizado como la “Pequeña Canadá”.

Criminalización de la protesta

“No nos da tiempo salir de una acusación que ya nos cae otra. Ahora nos están acusando de calumniar y difamar a este inversionista extranjero, pero lo que hemos hecho es simplemente decir la verdad y defender lo que le pertenece a nuestra comunidad. Todo lo que se plantea en esta nueva demanda es falso. Una vez más vemos como el dinero mueve todo y como en este país ser defensora, mujer y miembro de pueblo indígena es motivo de criminalización y persecución”, dijo a Alba Sud, Medalime David.

La activista garífuna aseguró que no dejarse sobornar ni doblegar es el verdadero pecado que han cometido. “Es por eso que nos están judicializando. Es por eso que voy a enfrentarme a otro juicio. Vamos a mantenernos firmes ante lo que nos viene encima y seguiremos denunciando a esta mafia canadiense. No estamos solas. Hay todo un pueblo, nuestra organización y nuestros ancestros y ancestras que nos respaldan”, enfatizó la joven.

Imagen de Giorgio Trucchi.

En 1998, como resultado de la lucha de Ofraneh y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah) por la titulación y la demarcación de los territorios ancestrales, el Estado de Honduras tituló casi todas las tierras de las comunidades garífunas. Ese mismo año se entregó el título definitivo de dominio pleno sobre casi 240 hectáreas a la comunidad de Guadalupe, que fue inscrito en el Registro de la Propiedad dos años después. Amparada por la ley, la comunidad de Guadalupe instó a las autoridades municipales a respetar el título definitivo, absteniéndose de realizar nuevas e ilegales desmembraciones, así como otorgar dominio pleno sobre parte del territorio comunitario.

Según la Ofraneh, la legislación hondureña es muy clara cuando dice que es ilegal la compraventa y el registro de tierras dentro de un título comunitario. Nadie puede autorizar la venta de tierras comunitarias. Sin embargo, eso fue irrespetándose a medida que llovían las propuestas de grandes inversiones turísticas y a sabiendas de que ninguna autoridad pública iba a interferir con este gran negocio.

Más persecución

El 5 de septiembre pasado se apersonaron en la sede de la Ofraneh, situada en la comunidad garífuna de Sambo Creek, dos efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un funcionario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Los funcionarios pretendían entregar a Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, un citatorio para informarle que está siendo requerida para notificarse ante las autoridades judiciales. Al no encontrarla, los efectivos policiales amenazaron con buscarla y detenerla.

Además de enfrentarse a la demanda puesta por Forseth, Miranda está siendo citada para comparecer ante los tribunales por otra querella que involucra a una de las radios comunitarias de la Ofraneh. En julio pasado, siempre en Trujillo, Conatel declaró en rebeldía a Radio Waruguma, amenazando con clausurarla.

Miriam Miranda. Imagen de Giorgio Trucchi.

La organización garífuna asegura que ese y otros tantos ataques contra sus radios representan una violación abierta al derecho a la libertad de expresión que tienen los pueblos indígenas. Este derecho estaría plasmado tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT.

“La justicia en Honduras siempre tiene doble rasero. Demandamos a Randy Jorgensen y las autoridades impartidoras de justicia tardaron años en avanzar con un proceso que aún no ha terminado. Por el contrario, cuando se trata de defensores y defensoras, de protesta social, la justicia actúa sorprendentemente de forma rápida y contundente”, manifestó Miranda.

Para ella, los inversionistas turísticos le han puesto el ojo a toda la zona de Trujillo, y hay una presión muy fuerte sobre las y los jóvenes que no se dejan sobornar, ni comprar. “Lo único que hemos hecho es denunciar nacional e internacionalmente la colusión que existe entre autoridades locales y el capital extranjero, que nos acusa de estar usurpando nuestro propio territorio. Están criminalizando y judicializando la defensa de los territorios ancestrales garífunas y los bienes comunes. Como coordinadora general y representante legal de la Ofraneh voy a seguir acompañando estos procesos de lucha y de defensa de lo nuestro. No podemos permitir que el Estado hondureño privilegie los intereses de inversionistas extranjeros por encima de los derechos del pueblo garífuna”, sentenció Miriam Miranda.