Resumen Latinoamericano / Catalina Manque, Mapuexpress / 8 de julio de 2017
Desde el año 2011 a la fecha suman 176 casos de niños afectados por violencia policial, los impactos psicológicos son desde miedo constante hasta autismo escolar. En la Región de La Araucanía, sin embargo la violencia policial estatal viene desde el año 1997.
Según estudios, recursos de amparos, recopilación de relatos de niños y niñas afectados por violencia policial en allanamientos a comunidades en proceso de reivindicación territorial, ya suman 176 casos de pequeños y adolescentes en la Región de la Araucanía; los informes expresan los daños psicosociales.
La presidenta de Chile Michelle Bachelet pidió perdón ante el país por todos los hechos de violencia en la Región de La Araucanía ante las campañas presidenciales que dejaron a la luz pública la militarización en la Región con más de 3 mil efectivos policiales. El llamado a la paz deja entrever quienes son los principales afectados ante esta militarización forzada por parte del Estado y los gobiernos de Chile.
La responsabilidad política por parte de las instituciones que ejercen órdenes para el “control social” hacia comunidades mapuche en procesos de reivindicación de tierras entre privados (forestales), es una responsabilidad política gubernamental de los diferentes gobiernos del Estado Chileno. La ilegalidad constante por parte de Carabineros de Chile al continuar, reproducir y perpetuar la fuerza policial, ante las Cortes que han mandado a frenar el uso desmedido de la fuerza policial, es una tónica en Chile.
La realidad de los niños y niñas del país se encuentra en un flagelo por parte de la institucionalidad debido a que la protección de sus derechos son vulnerados. El único ente estatal, el Sename (Servicio Nacional de Menores), es cuestionado por malas prácticas de administración, cuidado de los niños y niñas, violencia, muertes y malos tratos.
Por su parte esta semana la Corte Suprema acogió los recursos de amparo emanados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en abril pasado del presente año para los niños de la comunidad de Ercilla (We Küyen). Los pequeños de 5, 8 y 14 años fueron agredidos en un procedimiento policial.
Principalmente el SENAME no cuenta con un área que proteja a los niños y niñas en conflictos territoriales, es decir no existe una entidad pública que entregue apoyo psicosocial tras los allanamientos a las casas de los mapuche.
Por su parte, existen organizaciones y fundaciones que recogen los relatos y realizan redes de apoyo para los pequeños. Estas prácticas están fuera de la institucionalidad política chilena, tales como la Fundación ANIDE-Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile- Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha realizado las querellas criminales y recursos de amparo en conjunto con la Defensoría Penal Pública ante los diversos hechos de violencia hacia los pequeños. Estas entidades han interpuesto ante las Cortes de Apelaciones los recursos para que las prefecturas de Carabineros frenen la violencia ante el uso desproporcionado de las fuerzas.
Según un informe de derechos humanos 2016 sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, aprobado el 25 de mayo del año 2000 mediante Resolución de Asamblea General de Naciones Unidas: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados, esa recuperación y reintegración se llevará a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.
Antecedentes de casos
Según un informe realizado por Fundación Anide, Alianza territorial y Centro por la justicia Cejil, (2011-2015), los hechos de violencia perpetrados por fuerzas policiales en la Región de La Araucanía son graves y expresan la labor que ha realizado el Instituto Nacional de Derechos Humanos: “ Instituto Nacional de Derechos Humanos en sus últimos informes ha destacado la gravedad de la violencia policial, especialmente en relación con grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes y pueblos indígenas”, dice el informe.
El documento señala que desde el año 2011 al 2015 son 130 niños, niñas y adolescentes los afectados por violencia policial estatal sólo en la Región de La Araucanía.
La relación directa que establece el documento es el resultado de los conflictos territoriales entre privados (forestales), Estado (gobiernos), y las comunidades mapuche.
Según un informe realizado en el año 2004, a 11 niños mapuche los síntomas más evidentes fueron dolores de cabeza, ojos enrojecidos, sueño poco reparador, cansancio, pesadillas, dolores de estómago, bajo rendimiento escolar y problemas en sus relaciones interpersonales.
En marzo de 2015, el INDH presentó un informe ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas con el propósito de explicar qué tipo de derechos se han vulnerado hasta la fecha: “El uso desmedido de la fuerza en el marco de movilizaciones indígenas ha impactado los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes de comunidades indígenas en conflicto. En un informe elaborado por la sociedad civil se documentaron violaciones a los derechos humanos, incluidas afectaciones al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y al debido proceso proporcionando antecedentes verosímiles sobre abusos policiales”, explica el informe.
La comunidad autónoma Temucuicui es la más afectada. 140 familias viven en tierras en proceso reivindicatorio, también Lof Trapilwe en Padre Las Casas y Freire en la Región de La Araucanía.
Se han logrado documentar casos desde el año 2011, sin embargo existe violencia policial estatal desde el año 1997; casos tan graves desde muerte, persecución, disparos por la espalda, dan cuenta de la violencia policial.
Organismos que intervienen ante hechos de violencia estatal policial
A nivel nacional los organismos que intervienen son el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Poder Judicial: Corte de Apelaciones Corte Suprema para frenar el actuar de Carabineros de Chile. No se puede comprender por qué este año nuevamente se incurre por segunda vez a ejercer violencia en la escuelita rural G816 de Temucuicui (2017) en tres años. La recurrente ilegalidad cuestiona el quehacer del Ministerio de Interior, debido a que las prefecturas dependen de esa cartera.
Por otra parte se han realizado e iniciado investigaciones en la jurisdicción militar, pero este ente no es la jurisdicción correcta porque no garantiza el debido proceso.
A nivel internacional, los acuerdos y tratados que ha realizado Chile, con la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) y Naciones Unidas, establecen la protección y apoyo a los niños: “Los niños y niñas que viven en diversas comunidades mapuche en La Araucanía, sufren y están expuestos constantemente al impacto de la violencia que el denominado conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche genera en sus familias, en sus espacios de vida y en su propio bienestar físico, psicológico y emocional”, Chile ha firmado y ratificado las normas y principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el año 1990.
Por su parte la Directora Regional (Región de La Araucanía) del Sename, Ximena Oñate, expresó que el gobierno no maneja cifras oficiales: “Por el momento no manejamos cifras oficiales de la cantidad de niños y niñas por hechos de violencia policial”.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (2016) existen 18,2 millones de habitantes en Chile, el 11% es indígena, la población de menores de 18 años son 4.437.956, equivalente a un 24% de la población total, ese 11 por ciento de la población se concentra en la Región de La Araucanía, donde existe represión y hechos de violencia, empobrecimiento, crisis hídrica, juicios penales dilatados entre otros.
Efectos psicosociales:
En el año 2004 ya se arrojaban los primeros informes emitidos por el Servicio de Salud de la Región de La Araucanía, que daban cuenta de los síntomas y efectos en los pequeños; llanto fútil, dificultades para conciliar el sueño, hipervigilancia, estrés traumático, trastornos adaptativos y depresión.
Luego en el 2006 el lof Meli Lof Trawun realizó un resumen de los primeros impactos de las comunidades (Palleco 1997-2005); trastornos del sueño, irritabilidad emocional, temor, bloqueo, neurosis, autismo escolar.
Para la comprensión de los efectos psicológicos de los niños y niñas que viven en comunidades mapuche en proceso de reivindicación de tierras, la psicóloga Claudia Molina expresó a Mapuexpress los daños y riesgos hacia los pequeños: “El histórico y sistemático proceso de represión ejercido por el Estado de Chile hacia las comunidades mapuche que sostienen demandas políticas, territoriales y culturales, ha generado un severo impacto en la integridad psicológica de los niños, niñas y adolescentes de este pueblo originario, destruyendo o afectando significativamente el contexto material, social y familiar que da sustento a su desarrollo”, acuñó Molina.
De acuerdo a los efectos psicosociales en la infancia mapuche, al cabo de realizarse los allanamientos, represión o violencia policial, en las comunidades en resistencia, Molina manifestó que el daño traspasa a efectos sicológicos y sociales: “El daño psicosocial evaluado ha implicado además, impactos individuales y comunitarios asociados a un incremento en los niveles de estigmatización (vinculada a la criminalización del movimiento social y el racismo ejercido por policías, paramilitares y medios de comunicación) y al desarrollo de trastornos a nivel de salud mental tanto en los niños y niñas como en sus familias y comunidades. A nivel individual se pueden señalar principalmente indicadores y sintomatología postraumática y ansiosa aguda”, explicó la especialista.
La psicologa indicó cómo influye la crianza de estos pequeños en materia de relaciones comunitarias y patrones de crianza: “Si bien existe una denuncia sistemática del daño percibido, existen instancias precarias de contención y acogida que consideren la magnitud de la vivencia infantil. En este sentido, se estima que incluso a nivel cultural se han diluido las prácticas tradicionales de crianza y protección de los niños y niñas, en pos de resistir a un entorno de agresión permanente que focaliza los recursos de las comunidades en otras áreas de resistencia, desarrollo y convivencia”, afirmó
Molina se refirió a la cadena del daño en situaciones de violencia en la búsqueda de protección: “se genera a partir de la necesidad del niño en la búsqueda de contención ante la violencia policial difícilmente contenida por un entorno adulto que se encuentra concentrado particularmente en las formas de resistencia cultural y comunitaria, invisibilizando las experiencias infantiles”, enfatizó la psicóloga.
De acuerdo a la institucionalidad (SENAME), la psicóloga se refiere al actuar del Sename: “Desde el Estado, el organismo encargado de restituir los derechos vulnerados en materia de infancia es el Servicio Nacional de Menores (SENAME). En algunos casos de NNA mapuche afectados por situaciones de violencia institucional, han sido derivados a diferentes programas de la Red SENAME, habiéndose observado resultados insatisfactorios para ellos y sus familias. Primero, porque se produce un conflicto ético mayor en el abordaje que hacen los profesionales de estos programas de la violencia, ya que quedan atrapados en su rol de funcionarios del Estado. Es decir, se ha reportado que en contextos “terapéuticos”, o de reparación del daño causado, profesionales a cargo han explicado a niños y niñas que la violencia que se ejerció sobre ellos se debe a que pertenecen a comunidades conflictivas, y que en la medida que ellos abandonen dichas comunidades dejarán de tener problemas de este tipo”, expresó la especialista.
Luego Molina habló de la relación política del Estado chileno con el pueblo Mapuche, la exclusión social y la negación que por años que ha promoviendo el aislamiento y la exclusión social de los mapuche, y que ha dificultado el logro de políticas públicas: “se ha negado la existencia de violencia estructural e institucional, lo que representa un obstáculo para contar con programas específicos para la elaboración del impacto psicosocial asociado a la violencia policial e institucional. Además de lo anterior, y no menos importante, la represión dificulta significativamente el desarrollo de condiciones familiares, comunitarias y sociales que faciliten este proceso de elaboración, con una irrupción permanente de la violencia en los contextos de desarrollo de NNA, enfatizó Molina.
Cultura, cosmovisión, salud y episodios de violencia
Desde la perspectiva cultural, especialistas recomiendan que las terapias que se realicen a los pequeños sean desde la visión mapuche. La normativa chilena establece que la restitución y reparación hacia los niños y niñas, debe ser desde el Estado (SENAME), sin dejar fuera la identidad y pertenencia cultural La cultura mapuche concibe el cuerpo, y su malestar, como un microcosmos que está interrelacionado con el macrocosmos, compuesto por la familia, la comunidad, el territorio, las fuerzas espirituales que lo habitan, etc. Mientras que la concepción occidental de salud/enfermedad es más bien mecanicista, donde el enfoque psicosocial tiene un espacio para la reparación de aquello que fue dañado: un enfoque reparatorio. En consecuencia, los procesos de restitución de derechos de niños y niñas que tienen mayor sentido para las comunidades, son aquellos que ponen en el centro del protagonismo de la acción terapéutica a la propia comunidad, que despliega toda su fuerza y creatividad en la reparación del daño y restitución de derechos. Las acciones de restitución de derechos que funcionan son aquellas que ponen en el centro de la acción a la propia comunidad, que define y determina las acciones que van a reparar el daño causado.
Casos emblemáticos
Una medida que se ha realizado por parte de varios medios de comunicación y INDH, es la protección de las identidades de los niños que han sufrido problemas de violencia estatal policial, por otra parte hay casos que se han dado a conocer por la rapidez de las redes sociales, y la presión mediática que ello ha convocado. Los últimos hechos de violencia perpetrados por parte de carabineros de Chile son el caso de los adolescentes Fabiola Antiqueo, Brandon Hernández Huentecol, hijos de lonkos, de werken, familias completas con niños y niñas, lof, escuelas. A la fecha suman 176 niños.
M.R.H.T: 11 años de edad señala que “nos bajamos y empezaron a correr en el camino que hay hacia arriba y empezaron a disparar, corrimos cuando escuchamos los disparos. Alcance a ver una bala que pasó y chocó con un arbolito, sentí miedo, pensé que nos podíamos morir, estaba mi abuelito en la casa que me estaba esperando y el escuchó lo mismo que yo, me hizo entrar y me quedé ahí.”
Paralelamente, el Estado de Chile ha firmado y ratificado, entre otros, los Pactos por los Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, las Convenciones por los Derechos del Niño, para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y el C 169 de la OIT. Sin embargo, los pueblos originarios aún no son reconocidos constitucionalmente, y en materia de legislación interna, no existe aún en Chile una Ley de Protección Integral para la Infancia, regulándose estas materias a través de la Ley de Tribunales de Familia y la Ley de Violencia Intrafamiliar. Lo anterior implica que la existencia una precaria normatividad e institucionalidad interna en materia de restitución de derechos en infancia, que deja aún más desprotegidos a los NNA mapuche de comunidades en resistencia.
No hay políticas públicas preventivas y prioritarias que eviten un daño mayor y la continuidad de la vulneración de los derechos esenciales garantizados en la convención de los derechos de los niños, como el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, libertad de expresión y de conciencia, el derecho a protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico mental, la prohibición de torturas.
Fuentes:
Instituto Nacional de Derechos Humanos
Unicef
Fundación Anide
Poder Judicial
Corte Suprema
Fuente: Resumen Latino Americano
