Capturan a Garífuna defensora de la madre tierra en Guadalupe perseguida por el Rey del Porno

Sambo Creek, noviembre 11 de 2016.- Medelin David Hernandez, garifuna de la comunidad de Guadalupe, Colón, fue golpeada y detenida a instancias del empresario canadiense Randy Jorgensen, propietario de CARIVIDA, empresa que aduce haber adquirido un predio en la comunidad de Guadalupe.

En horas de la tarde de ayer, fueron detenidos cinco miembros de la comunidad, quedando arrestada Medelin David bajo los cargos de usurpación de un terreno en el que en su momento existió un proyecto de turismo comunitario.

La comunidad de Guadalupe desde el año 2008 interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía de las etnias por la ventas de tierras ilegales dentro del perímetros de su título comunitario, sin que las autoridades hubieran tomado cartas en el asunto.

Con el golpe de estado, la agresividad del empresario canadiense se incremento y contando con el apoyo de las autoridades municipales tanto de Sante Fe como de Trujillo, además de tener como padrino al Sr. Ramón Lobo, logró demoler sin consulta previa alguna con la comunidad a Río Negro, uno de los primeros lugares habitados

El Rey del Porno -como se le conoce en su país al canadiense- se apoderó de buena parte de la bahía de Trujillo, deshaciendo los títulos comunitarios, los que tiene una salvaguarda para evitar la venta a foráneos, la que ha sido ignorada tanto por el Registro de la Propiedad en santa Fe, como el Instituto de la Propiedad en Trujillo; además de la manipulación de patronatos comunitarios paralelos, creados con el propósito de avalar las supuestas ventas.

Jorgensen indico en una entrevista que la oposición a sus planes de desarrollo neocolonialista como “facciones extremistas que tienen motivos extremadamente políticos y hacen un gran esfuerzo para causar cualquier problema que pueden por lo que no ponga dinero en sus bolsillos personales.”

Mientras tanto, la joven madre Medelin David se encuentra retenida en las bartolinas dela Ciudad de Trujillo, y al igual que la mayoría dela juventud garífuna en la bahía de Trujillo, ven un futuro aciago ante el engaño perpetrado por los inversionistas y la anuencia de las autoridades al despojo.

Campa Vista, Coroza Alta, New Palm Beach, Alta Vista, Carivida y Banana Coast, son algunas delas empresas del Canadiense que se ven cuestionadas ante la adquisición de tierras de forma indebida, además de estar proseguido por el Juzgado de Letras de Trujillo por usurpación , l que ha dado lugar a una orden de prohibición de salida del país.

Existen enormes presiones territoriales sobre la costa garífuna, siendo las bahía de Trujillo y Tela las más apetecidas por empresarios hondureños y extranjeros, los que apoderándose de las playas y humedales para la construcción de emporios turísticos, muchos de ellos dedicados al lavado de activos.

El caso de la comunidad de Guadalupe y la detención arbitraria de Medelin David, demuestra como Honduras el sistema de justicia funciona a favor de los depredadores económicos y clanes asociados con el narco estado imperante. A finales del 2011 se presentó un requerimiento fiscal por el caso de usurpación de Jorgensen y hasta el 2015 que se presenta finalmente el sindicado al Juzgado de letras de Trujillo. La orden de captura contra Medelin David fue emitida el 3 de noviembre y ejecutada en 8 días.

Exigimos a la fiscalía la liberación inmediata de la joven David y que se investige la ilegalidad de las ¨compras de tierra efectuadas por Randy Jorgensen en las comunidades garífunas.

Organización Fraterna Negra Hondureña. OFRANEH.

Fuente: OFRANEH

Caso Berta Cáceres: se crea Grupo Internacional de Personas Expertas para colaborar con la investigación

El 14 de noviembre a las 9:30 a.m. se realizará una rueda de prensa para brindar mayores detalles. Esta conferencia tendrá lugar en el salón Lenca, Hotel Plaza de El General, Tegucigalpa, Honduras.

Tegucigalpa, 7 de noviembre de 2016.- A petición de los familiares de Berta Cáceres Flores y con el apoyo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Cívicas de Honduras (COPINH), de Gustavo Castro Soto y de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, se ha creado elGrupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), un equipo conformado por especialistas en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado.

El objetivo central del GAIPE es realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos de los que fueron víctimas Berta Cáceres Flores y Gustavo Castro Soto, ocurridos el 2 de marzo de 2016. A la vez establecerá los patrones y el modus operandi que dieron lugar a este asesinato y que afectaron a otros integrantes del COPINH.

El GAIPE dará seguimiento a las diligencias de investigación adoptadas por el Estado de Honduras, con un enfoque multicultural y de género. También brindará recomendaciones para garantizar el esclarecimiento de los hechos y una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas, así como para fortalecer los procesos investigativos que impacten a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país.

“Queremos poner a disposición nuestras experiencias y capacidades para lograr que pronto se conozca la verdad y se haga justicia por el caso”, declaró Liliana Uribe, abogada colombiana y vocera del grupo.

Integran el equipo: Liliana Uribe (Colombia), Miguel Ángel Urbina (Guatemala); Roxanna Altholz (Estados Unidos); Daniel R. Saxon (Holanda/Estados Unidos); y Jorge Molano (Colombia). Todas estas personas cuentan con amplia experiencia y alta capacidad técnica en la investigación de violaciones de derechos humanos.

El GAIPE llegó al país el 4 de noviembre con el fin de sostener reuniones con los familiares de Berta Cáceres, Gustavo Castro y sus equipos legales; con el COPINH; autoridades nacionales y organizaciones, entre otros actores, para establecer canales de comunicación y diálogo.

El 14 de noviembre a las 9:30 a.m. se realizará una rueda de prensa para brindar mayores detalles. Esta conferencia tendrá lugar en el salón Lenca, Hotel Plaza de El General, Tegucigalpa, Honduras.

 

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-
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Nota da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale frente ao marco de um ano do maior crime socioambiental do país

unnamedEm 05 de novembro de 2015 a vida de milhares de pessoas e comunidades foi profundamente violentada. A lama de minério da empresa Samarco (joint venture da Vale S.A. e BHP Billiton) destruiu casas, memórias, sonhos, modos de vida, relações sociais, causando o maior desastre socioambiental do Brasil. A lama da cobiça do lucro desenfreado ceifou a vida de 19 pessoas e modificou para sempre a realidade de milhares de pessoas que vivem de Mariana (MG) a Regência (ES).

Após um ano do crime da Samarco/Vale/BHP a situação permanece crítica. Pouco foi feito para atender os atingidos e atingidas e para compensar ou mitigar os incalculáveis impactos ambientais ao longo da Bacia do Rio Doce. A captação e a qualidade da água ainda continuam sendo um problema para os mais de 35 municípios atingidos. Órgãos públicos não têm sido capazes de fazer um monitoramento adequado de toda a água e lama em pontos diferentes da bacia e com regularidade, disponibilizando publicamente laudos efetivos sobre as condições da água e as possibilidades de contaminação. Deste modo, comunidades inteiras, pessoas que viviam da pesca e da agricultura perderam seu modo principal de reprodução econômica e social.

Agricultores familiares, quilombolas e indígenas ainda lutam para terem seus direitos reconhecidos e garantidos. Na maior parte dos distritos atingidos da Bacia do Rio Doce, a presença da Samarco é mais forte do que a de órgãos públicos, como Prefeituras Municipais, Defensoria e Ministério Públicos. Deste modo, a empresa encontra espaço para dividir comunidades e fazer valer as suas próprias leis. A própria empresa autora da tragédia é hoje responsável por definir quem serão as pessoas, atingidos e atingidas, que terão direito às indenizações.

O acordo assinado entre as empresas Samarco, Vale e BHP, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e governo federal foi fruto da força das empresas e do interesse do Estado em acelerar supostas medidas de reparação e esconder suas responsabilidades. A influência política das empresas e a cumplicidade do Estado tentaram afirmar um acordo minimalista de mitigação dos impactos, que ignorou a participação das vítimas desse grande desastre e seus maiores interessados. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu esse acordo, mas a Samarco permanece tendo poder de definição das medidas a serem implementadas e quais pessoas serão contempladas por elas. Relevante destacar que em outubro deste ano o Ministério Público Federal (MPF) apresentou denúncia requerendo a instauração de ação penal contra 22 pessoas e quatro empresas (Samarco, Vale, BHP Billiton e VogBR[1]) por diversos crimes[2] relacionados ao rompimento da barragem. Conforme a denúncia dos Procuradores da República da “Força Tarefa Rio Doce”,  as empresas devem ser responsabilizadas criminalmente já que a barragem apresentava sinais claros de que poderia se romper.

Neste cenário, a empresa Vale S.A. vem buscando de todas as formas se isentar da responsabilidade com a tragédia. A empresa, além de acionista da Samarco, conjuntamente com a BHP, possuí controle operativo da Samarco, o que lhe coloca em um papel de destaque nas próprias decisões internas da empresa em relação a sua estratégia de gestão e a continuidade de operação das barragens. A Vale ainda é acusada pela Polícia Federal de alterar, diversas vezes, seus relatórios entregues ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) com o objetivo de declarar uma quantidade menor de rejeitos lançados na barragem de Fundão. Segundo investigação, o total de rejeitos líquidos jogados na barragem de Fundão, em 2014, passou de 18 milhões de metros cúbicos, sendo a Vale responsável por 28% desse total. Entretanto, a mesma declarou na época que era responsável por somente 5% do total de rejeitos depositados.

Com todo esse esforço de ocultação de responsabilidade a Vale S.A. busca deslocar sua imagem do maior crime socioambiental do país. Ao longo dos últimos anos, as críticas sobre os impactos socioambientais provocados pela mineração conquistaram um importante espaço no debate político internacional. Neste sentido, em 2012 a Vale recebeu o prêmio de pior corporação do mundo como reconhecimento das suas diversas práticas violadoras de direitos humanos[3].

Inúmeros fatos e dados apresentados pela sociedade civil em diversos países ajudaram a consolidar a constatação de que não há mineração sem desastre. Isso, no ponto de vista das empresas, passou a representar um risco não apenas à sua reputação e aos seus negócios, mas à própria sobrevivência do setor de mineração como um todo. Como forma de antecipação a esse risco, a Vale, assim como as principais empresas do setor, vem se esforçando para transmitir à opinião pública a imagem de empresa que respeita o meio ambiente e as comunidades atingidas, dando a essa postura o nome de estratégia de sustentabilidade e responsabilidade social.

Entretanto, no próprio mundo corporativo, as reações têm sido firmes. Os escritórios de advocacia Bronstein, Gewitz & Grossman, Bernstein Liebhard e Rosen Law Firm propuseram ações coletivas contra a mineradora Vale. Nos três casos são alegadas possíveis violações da lei do mercado de capital dos Estados Unidos pelo fato de a empresa ter divulgado informações falsas sobre seus negócios e pedem o ressarcimento dos prejuízos dos acionistas. A BM&F Bovespa anunciou, em 26 de novembro de 2015, que a Vale, empresa que tem o maior peso na composição da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) que está em vigor, ficaria fora da nova lista de empresas sustentáveis após presença por cinco anos consecutivos. Preocupadas, a Vale, a BHP Billiton e a Samarco, responsáveis pela tragédia, estão mais concentradas em contornar os efeitos do desastre sobre as suas imagens públicas do que com o enfrentamento dos problemas que causaram sobre o ambiente e as populações atingidas.

Em escala mundial, a empresa Vale – assim como boa parte de suas concorrentes – tem conseguido enfrentar a diminuição progressiva do preço do minério de ferro sem perdas. Isso está acontecendo graças à redução dos custos de gestão dos processos em operação e dos projetos em via de instalação. Assim, a crise do preço de minério vem sendo compensada às custas das comunidades, do meio ambiente e dos trabalhadores, em termos de menor segurança, menor qualidade de vida e de trabalho, terceirização e menor controle das responsabilidades empresariais.

Esta estratégia está integralmente ligada às causas que levaram ao rompimento da barragem de Fundão. Ao optarem pelo modelo de barragem mais precário (no lugar de rochas e britas, foi usado o próprio rejeito como sustentação), atrelado a intensificação do processo de extração, assim, criando a necessidade de construção de mega barragens, e rejeitando um Plano de Ações Emergencial mais detalhado por considerarem o mesmo mais caro, há evidências claras de que as empresas sabiam do perigo de um rompimento e não tomaram as providências necessárias para modificar a probabilidade do desastre.

Mesmo diante da magnitude do crime da Samarco/Vale/BHP o Estado brasileiro segue conivente com o modus operandi das empresas mineradoras. Ao longo deste ano aprovou a barragem da Vale, “Maravilhas III”, em Minas Gerais, com capacidade três vezes maior do que a de Fundão. Além disso, houve a aprovação em Minas Gerais do Projeto de Lei nº 2946/2015, que alterou radicalmente o sistema e a política ambiental desse estado para “destravar” e agilizar licenciamentos ambientais. Ressalta-se ainda a tentativa constante do governo federal de aprovar o Novo Código Mineral do país, que acirrará ainda mais as impactos ambientais, sociais e as disputas por recursos como terra, água e energia entre as empresas e as populações.

Ainda quanto às reformas no campo normativo, convém destacar também o perigo representado pelo Projeto de Lei 1.610/1996, que pretende regulamentar a mineração em terras indígenas e pela Proposta de Emenda à Constituição 215, que busca transferir a decisão final da demarcação de terras indígenas do Executivo para o Legislativo e proíbe a ampliação de terras já delimitadas, intensificando os conflitos.

Todo esse cenário está ligado a um Estado que se mostra incapaz de garantir a segurança e estabilidade dos empreendimentos e de suas barragens. A estratégia de intensificação da extração mineral no país vem atrelada à constante precarização dos órgãos estatais reguladores. Deste modo, há a possibilidade concreta de que novos casos como o crime da Bacia do Rio Doce ocorram em outros lugares do país.

Após um ano da tragédia, a Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale S.A. reafirma que o desastre da Samarco/Vale/BHP não pode ser entendido como um caso isolado e sim mais uma tragédia do setor da mineração. Ao longo dos anos, temos denunciado muitas tragédias provocadas pela mineração da Vale S.A. sobre a vida de pessoas, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, camponesas e de populações urbanas empobrecidas. Em diferentes partes do Brasil e do mundo, de Mariana (MG) a Tete (Moçambique), de Santa Cruz (Rio de Janeiro) a Piquiá (Açailândia/MA), de Perak (Malásia) a Sudbury (Canadá), de Canaã dos Carajás (PA) a Piura (Peru), as semelhanças entre narrativas sobre os impactos são o testemunho da insustentabilidade da Vale S.A. e também de todo o setor da mineração.

No marco de um ano do crime, membros da Articulação Internacional participaram de diversas atividades ao longo do Rio Doce. Partindo de Regência (ES) no dia 31 de outubro de 2016 até chegar em Bento Rodrigues no dia 05 de novembro, acompanhamos uma Caravana que juntou pessoas do Brasil e do mundo para, no caminho inverso da lama, sentir de perto os estragos causados pelo desastre criminoso. Os objetivos da participação de membros da  Articulação nessa caravana foram os de contribuir ativamente com denúncias de violações de direitos, ampliar as articulações em redes cosmopolíticas de luta antimineração, desvelar histórias mal contadas e camufladas pela empresa, e compreender mais profundamente os mecanismos de controle e gestão da crítica social implementados pela Samarco e suas parceiras no intuito de frear e conter a organização popular para reivindicação de direitos violadas recorrentemente, mesmo após 01 ano do ocorrido. Estiveram presentes pessoas de mais de 15 estados do Brasil, além de parceiros e atingidos de outros países da América Latina e também da América do Norte.

Para, nós, da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale é fundamental que:

(1) a Justiça Federal receba prontamente a denúncia apresentada pelo MPF e promova a ação penal de forma célere para que ao final sejam as pessoas físicas e jurídicas acusadas pelo MPF exemplarmente condenadas pelos crimes cometidos;

(2) a definição sobre quem foi atingido pelo crime e sobre a intensidade dos danos a serem reparados não fique a cargo das empresas tidas como responsáveis pela tragédia;

(3) a legislação nacional seja aprimorada a fim de que sejam reconhecidos os direitos dos atingidos e atingidas por projetos de mineração e barragens;

(4) o Estado brasileiro promova um novo modelo extrativo, com o protagonismo de comunidades e trabalhadores na definição dos ritmos, taxas e locais de mineração;

(5) seja reconhecido e definitivamente interrompido o modus operandi de violações sistemáticas de direitos comumente aplicado pela Vale e que também está presente no crime da Samarco/Vale/BHP;

(6) sejam tomadas medidas para evitar que outras Marianas aconteçam às escondidas ou “gota-a-gota”, nas diversas regiões do mundo onde a empresa Vale opera diretamente ou através de suas coligadas ou joint-ventures;

(7) não se permita que o interesse minerário se sobreponha a interesses verdadeiramente sociais como a reforma agrária, os direitos ao acesso à terra, à saúde, à moradia digna, de ir e vir, entre outros.

(8) sejam respeitados os direitos e aplicadas as normas previstas na Convenção nº169 da OIT, ratificada pelo Brasil há mais de 10 anos, em especial quanto à consulta para averiguação sobre o consentimento livre, prévio e informado. Isto para que populações atingidas por todo e qualquer empreendimento, inclusive minerário, possam intervir diretamente no projeto, inclusive na sua aprovação. Entendemos que o mecanismo de audiências públicas previsto na legislação ambiental, por si só, não se faz suficiente diante da maquiagem democrática plasmada nestas arenas como estratégia do capital econômico e do Estado para o represamento de diálogos críticos e combativos pelas populações atingidas;

(9) que o Estado brasileiro decrete a caducidade de todas as concessões minerárias e revogue todas as licenças ambientais concedidas à Samarco Mineração S.A. a fim de que ela jamais volte a operar no território nacional, uma vez já ter demonstrado não possuir condições mínimas para operar com segurança e tampouco para assumir a responsabilidade e remediar eficazmente os danos causados pelo trágico evento de 05 de novembro de 2015.

Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale S.A.

06 de novembro de 2016

[1]A empresa de consultoria VOGBR Recursos Hídricos e Geotecnia LTDA foi também denunciada, acusada de apresentação de laudo ambiental falso.

[2]O MPF requer a condenação das pessoas físicas e jurídicas pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, lesão corporal, inundação, desabamento/desmoronamento e uma série de outros crimes previstos na legislação ambiental.

[3]Prêmio “Public Eyes Award 2012” (http://www.publiceye.ch/en/ ranking/).

Foto: ROGÉRIO ALVES TV SENADO

Acesso em nosso blog: https:// atingidospelavale.wordpress. com/2016/11/06/nota-da- articulacao-internacional-dos- atingidos-e-atingidas-pela- vale-frente-ao-marco-de-um- ano-do-maior-crime- socioambiental-do-pais/

URGENTE!!!

14915612_1135035219914482_3990465833742232362_nEn Honduras, detenienen y golpean a compañeras que ejercian su derecho a la protesta en contra de las casetas de peaje.

La periodista Sandra Maribel Sánchez y Karla Lara, artista, defensora de Derechos Humanos.

Exigimos su liberación, y respeto por su integridad, asi mismo hacemos un llamado a la comunidad internacional a que nos pronunciemos.

Honduras, no estas sola!

Quiero expresar mi total repudio y denunciar públicamente la acción alevosa y criminal de las autoridad de hondureñas en contra de nuestra compañeras/os de ERIC y radio Progreso y particularmente el uso despiadado de la fuerza en contra de la reconocida, connotada periodista Sandra Maribel Sánchez. Ella fue golpeada, y junto con la artista y defensora de derechos humanos, Karla fueron capturadas y remitidas a una de las postas policiales de la capital.
¿Es delito protestar contra las casetas de peaje que violan el derecho a la libre locomoción de los ciudadanos y ciudadanos? ¿Dígannos cuál es nuestro delito? Nuestra protesta es pacífica y nuestra exigencia es la derogación del decreto que “legaliza” los peajes y el llamado a un diálogo nacional por un modelo de mantenimiento de carretas que garantice que las mismas no serán privatizadas.

Csar Spinoza