Mês: outubro 2016

El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica (TLC, o CAFTA, por sus siglas en inglés) es un tratado regional de libre comercio entre los Estados Unidos y seis países: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica; La República Dominicana se hizo parte del pacto en marzo de 2004, después de que terminaron las negociaciones con los países centroamericanos.

Respecto a las dinámicas alrededor de los TLC, la región desarrolla un comportamiento dual, por un lado incrementa sus áreas de producción para la agroexportación de caña de azúcar, maní, piña y ganado, mientras que por otro reduce la competitividad en la producción de granos e incrementa la dependencia a las importaciones para garantizar la disponibilidad de alimentos.

Centroamérica ha ido perdiendo la capacidad de abastecerse de sus propios cereales: Honduras solo genera el 49%, El Salvador 58%, Guatemala el 60% y Nicaragua el 75%. Honduras es un país deficitario en la producción de alimentos y El Salvador importa más del 60% de los alimentos.

Es evidente la reducción relativa de la importancia de la agricultura en la economía regional. Así como de la modificación de la estructura del mercado laboral y el incremento de la migración del campo a la ciudad y al mercado internacional (especialmente a los Estados Unidos).

Simultáneamente a la promoción de la agroexportación y la extracción de minerales, el modelo neoliberal y el CAFTA-DR han desalentado la producción de granos básicos y otros alimentos tales como la cría de ganado vacuno, de cerdos y aves de corral.

Con el CAFTA-DR se han incrementado las exportaciones en general y ha aumentado la inversión extranjera, pero no ha tenido ningún efecto en el mejoramiento de la cantidad y calidad del empleo rural.

Por ello mismo, no se ha constituido en un instrumento para reducir la extendida pobreza en las zonas rurales. Después de diez años del CAFTA, el empleo continúa siendo de baja calidad y concentrado en la economía familiar por cuenta propia.

A diez años del CAFTA, rubros como carne bovina, pollo y lácteos se enfrentan a niveles mínimos de desprotección. Producto de un acuerdo de desgravación que no consideró sus intereses.

Principales recomendaciones

1) Posicionar el tema de los tratados de libre comercio en la agenda regional, evidenciar efectos negativos en la agricultura, producción de alimentos, precio de los alimentos y la Soberanía Alimentaria.

2) Los alimentos deben estar fuera de los tratados de libre comercio. El Estado debería recuperar su derecho a proteger la producción y comercialización de alimentos.

3) Garantizar el reconocimiento de los derechos de propiedad ancestral en la producción, intercambio y difusión de las semillas criollas.

4) Las organizaciones campesinas y demás movimientos sociales deben diseñar e impulsar un modelo de desarrollo que priorice la vida y el derecho a la alimentación antes que los mercados: tierra, asistencia técnica, créditos; y, defensa de los recursos naturales.

5) Demandar el reconocimiento del Estado del derecho de la alimentación como un derecho humana y, por consiguiente, que asegure el acceso de la población rural en situación de pobreza a la tierra, asistencia técnica y créditos. Asimismo, el cuidado, uso sostenible y defensa de los recursos naturales.

6) Al corto plazo, demandar del Estado un programa agroalimentario que restablezca la capacidad nacional de producción de granos básicos en función de los intereses de la pequeña producción campesina (contrapropuesta al actual programa gubernamental en este tema).