Estoy concluyendo mi visita a Honduras en mi capacidad de Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En estos nueve días, me he reunido con autoridades gubernamentales nacionales, departamentales y municipales, con pueblos indígenas, con organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado, en diferentes lugares del país. He mantenido reuniones con representantes, comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas Lenca, Maya Chortí, Nahua, Tolupán, Garífuna, Pech, Tawahka y Miskito, en Tegucigalpa, Puerto Lempira, Auka, Río Blanco, La Esperanza y La Ceiba.

Agradezco al Gobierno de Honduras por su invitación, por la cooperación ofrecida y por permitirme llevar a cabo mi visita de manera libre e independiente. Me gustaría igualmente expresar mi más profunda gratitud a los pueblos indígenas que me invitaron a visitar sus comunidades, a las personas y organizaciones indígenas que me ayudaron en la organización de mi agenda y a aquellos que viajaron desde sus comunidades para reunirse conmigo en distintos lugares. Igualmente quiero dar particularmente las gracias al Equipo País de las Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por su ayuda para garantizar el éxito de mi visita.

En los días pasados he recibido exhaustiva información de los pueblos indígenas, representantes del Gobierno y organizaciones no gubernamentales. En las próximas semanas revisaré la información recibida para desarrollar un informe con vistas a evaluar la situación de los pueblos indígenas en Honduras y hacer una serie de recomendaciones. Este informe se hará público y se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Espero que sea de utilidad tanto para los pueblos indígenas como para el Gobierno de Honduras, de modo que puedan encontrarse soluciones a los desafíos a los que se enfrentan los pueblos indígenas en el país.

Como un avance de este informe, proporcionaré ahora unas observaciones y recomendaciones preliminares, basadas en mis observaciones durante la visita. Estas no reflejan todas las cuestiones que se me presentaron ni todas las iniciativas desarrolladas por el Gobierno de Honduras.

Me alegra saber que Honduras ratificó el Convenio nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales y votó a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. He conocido también la existencia de instituciones específicas dedicadas a los pueblos indígenas, como la Fiscalía Especial de Etnias, la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (DINAFROH), una comisión legislativa sobre pueblos indígenas y una Subdirección de Educación Indígena.

Se me ha informado igualmente del trabajo sobre pueblos indígenas desarrollado por la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría del Ambiente, el Instituto Nacional Agrario y otras instituciones. Se me ha informado también sobre diversas iniciativas legislativas y de políticas públicas referidas a los pueblos indígenas.

En el curso de mi visita y de mi examen de la situación de los pueblos indígenas, he observado la situación crítica a la que se enfrentan, entre ellos, la falta de respeto a sus derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales; la violencia, impunidad y corrupción; las dificultades en el acceso a la justicia; y la carencia de servicios sociales básicos, incluida la educación y la salud.

Un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales. Incluso en los casos en que los pueblos indígenas tienen tierras tituladas, se ven amenazados por reclamaciones de terceras partes que se superponen sobre las tierras indígenas; por proyectos de desarrollo en los sectores extractivo y energético, ciudades modelo, turismo y áreas protegidas. He escuchado preocupantes alegaciones sobre autoridades locales y otras implicadas en la venta ilegal de tierras y en otras violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

En todo el país, las comunidades indígenas demandan el saneamiento de sus tierras colectivas para que se resuelva el problema de la presencia de terceros en sus tierras y los conflictos que ello provoca. Visité la comunidad miskita de Auka, donde hablé con los miembros de la comunidad sobre la conflictiva situación en que se encuentran por la presencia de terceros en su territorio reconocido, que condujo a los eventos del 12 de marzo de 2015.

Dichos eventos concluyeron con la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la comunidad, en el que el Gobierno acordó investigar y sancionar a los responsables de la venta de tierras y de la destrucción ambiental, finalizar el proceso de saneamiento y devolver a los colonos a sus lugares de origen. Otro punto del acuerdo fue la invitación del Gobierno para que realizase esta visita. Aparte de mi visita, los miembros de la comunidad reportaron que no tenían ninguna información sobre el resto de las acciones adoptadas para implementar los demás puntos del acuerdo y, a la vez, señalaron el aumento de la presencia de terceros en la zona. Por otro lado, el Gobierno me informó de su intención de indemnizar a los terceros para que abandonen las tierras ocupadas. En vista de las circunstancias, quiero instar al Gobierno de Honduras a la plena y urgente aplicación del acuerdo firmado para evitar el deterioro de esta conflictiva situación.

Además de la titulación y saneamiento de las tierras, otro componente esencial para el disfrute de los derechos sobre las mismas y de otros derechos humanos, es el fortalecimiento de los sistemas propios de gobernanza. Esto incluye el reconocimiento de sus propias instituciones, de su gestión de los recursos naturales y el ejercicio de sus sistemas tradicionales de justicia. Exige también los recursos necesarios para ejercer dichas funciones.

Los pueblos indígenas expresaron también su preocupación sobre los proyectos de desarrollo de recursos naturales, como represas hidroeléctricas, que han sido aprobados a través de legislación nacional no consultada previamente con ellos, como en el caso de la represa de Agua Zarca. Miembros de la comunidad Lenca que se han opuesto a la construcción de la represa, por motivo de los impactos a sus medios de vida y cultura, informaron sobre graves violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas e intimidación.
Lamentablemente, esta no es una situación aislada y se me ha informado de abusos similares a los derechos humanos en el contexto de otros proyectos hidroeléctricos que afectan al pueblo Lenca, de concesiones madereras y mineras que afectan al pueblo Tolupán, o proyectos de turismo e infraestructuras en tierras Garífuna.

De acuerdo con la información recibida, la creación de áreas protegidas que se superponen a territorios indígenas ha supuesto la restricción del acceso y control de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales. Pero además, como han señalado representantes indígenas, el establecimiento de áreas protegidas no ha impedido la presencia de intereses externos relacionados con la tala, las actividades extractivas o las actividades ilícitas en tierras indígenas.

Me preocupa profundamente el ambiente general de violencia e impunidad que afecta a muchas comunidades indígenas del país. Pude hablar con algunos representantes de las tribus Tolupanes que me describieron una situación de extrema violencia, incluyendo asesinatos de tolupanes que defienden sus tierras. Esto va acompañado por la impunidad de los perpetradores de estos crímenes, lo que convierte a la justicia en ilusoria. Los pueblos indígenas son también vulnerables a la violación de los derechos humanos debido a la situación generalizada de violencia existente en el país a raíz del tráfico de drogas, el crimen organizado y la respuesta del Estado a estos problemas. Un ejemplo es el incidente sucedido en comunidad miskita de Ahuas el 11 de mayo de 2012, cuando murieron cuatro miembros de la comunidad en una operación de incautación de drogas dirigida por la policía hondureña y la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos. Las víctimas no han recibido aún una reparación adecuada ni tampoco justicia.

Recibí muchos testimonios relativos a la falta de acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Su capacidad de obtener justicia se ve obstaculizada por diversos factores, que incluyen: la falta de conocimientos de los operadores de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas; la falta de recursos de instituciones como la Fiscalía de Etnias y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos; barreras de idioma, culturales y económicas; el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas; y la impunidad, entre otros. Esto evidencia la urgente necesidad de mecanismos legales, administrativos o de otro tipo que permitan a los pueblos indígenas presentar demandas por la violación de sus derechos territoriales y sus derechos humanos fundamentales para obtener reparación. Deben existir mecanismos efectivos para la investigación, procesamiento y sanción de las autoridades estatales o particulares responsables de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. La falta de estos mecanismos ha llevado, en ocasiones, a los pueblos indígenas a la protesta pacífica, lo que desgraciadamente ha resultado en la criminalización de quienes defienden sus tierras.

La aplicación efectiva del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado es también una demanda recurrente de los pueblos indígenas. Se presentaron a mi atención varias iniciativas para la aplicación del derecho a la consulta, incluido un proyecto de ley impulsado por DINAFROH. Quiero subrayar que cualquier iniciativa de este tipo debe garantizar la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas a través de sus instituciones y organizaciones representativas. Lo mismo es aplicable en el caso de cualquier otra medida legislativa o de política pública, incluyendo una ley nacional sobre pueblos indígenas que también se me presentó.

Recibí también información sobre cuestiones sociales y económicas que afectan a los pueblos indígenas. Se me informó sobre algunas medidas en marcha para la implementación de la educación bilingüe intercultural, incluyendo la capacitación de maestros indígenas. Lamentablemente no se han proporcionado oportunidades laborales a los maestros capacitados, dado que el nombramiento para estos puestos parece estar motivado políticamente. De acuerdo con la información recibida, queda un largo camino por recorrer para conseguir los objetivos de la educación intercultural bilingüe y para proporcionar los materiales e infraestructura necesarios.

He escuchado también muchos testimonios sobre la falta de servicios de salud en los territorios indígenas incluyendo la falta de instalaciones, personal, y medicamentos, lo que supone una violación de su derecho a la salud. Tuve la oportunidad también de recibir información directa de los buzos miskitos en Puerto Lempira. Exhorto al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para regular esta actividad y para cumplir con sus demandas, incluidos los servicios de salud necesarios.

Las mujeres y las niñas indígenas sufren problemas graves y específicos. La trata y la prostitución de mujeres y niñas indígenas, como parte de las actividades del crimen organizado fue también una preocupación expresada durante mis reuniones. Se me informó también sobre la situación de la juventud en las comunidades indígenas. De acuerdo con algunos testimonios, la desposesión de tierras y recursos en las comunidades ha producido una falta de oportunidades para las generaciones jóvenes que los convierte en presas fáciles del crimen organizado o les obliga a emigrar.

Teniendo en cuenta las diferentes reuniones celebradas, recomiendo al Gobierno de Honduras el fortalecimiento de la capacidad institucional y una mayor coordinación interministerial. Es necesaria una institución adecuada que pueda responder de manera integral a la aplicación de los derechos de los pueblos indigenas. Esto exigirá presupuestos adecuados, personal capacitado y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas.

La invitación enviada por el Gobierno indica que existe un interés y, es de esperar, una voluntad para solucionar algunos de estos problemas pendientes. Espero que el establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras pueda ayudar tanto al Gobierno como a los pueblos indígenas a conseguir la plena aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Espero también que mi informe y recomendaciones sean útiles para conseguir este fin.

Fuente: Naciones Unidas de los Derechos Humanos