Grecia anuncia auditoría de la deuda, la indemnización derivada de la II Guerra Mundial y del primer rescate

Zoe Konstantopoulou, presidente del Parlamento greco (da Fac

Se formaron tres comisiones: además de la auditoría, se investigarán las responsabilidades por la firma del primer rescate, y también la reclamación de indemnización a Alemania por la Segunda Guerra Mundial.

La Presidenta del Parlamento de Grecia, Zoe Konstantopoulou, anunció la creación de un comité de auditoría de la deuda griega. Zoe Konstantopoulou dijo que, la auditoría será “una herramienta pars reparar una gran injusticia cometida con el pueblo griego.”

Además de este comité de auditoría de la deuda, el Parlamento ha puesto en marcha otros dos comités: uno para investigar la situación que dio origen al primer plan de rescate para Grecia en mayo de 2010; y otro para examinar las solicitudes de reparación a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

El anuncio fue hecho público tras una reunión entre la Presidenta del Parlamento, y su homólogo chipriota Yiannakis Omirou, país donde Zoe Konstantopoulou dijo que los memorandos de la troika llevaron a los parlamentos de ambos países a ser chantajeados. Konstantopoulou prometió ayuda del Parlamento griego para elevar la verdad sobre las causas que llevaron a la aplicación de memorando en Chipre.

Fuente: 

Elcomunista.net-PRENSA ROJA MUNDO HISPANO

 

 

Mercosur y el acoso mediático: el imperio de la mentira ataca de nuevo

Aram Aharonian – www.aporrea.org

www.aporrea.org/tiburon/a203603.html

El acoso a Venezuela reverdece, en el marco de un prolongado proceso de golpe continuo que ya tiene casi 14 años y donde destaca el papel estelar que juegan los medios de comunicación hegemónicos, con su libreto cartelizado de mentiras y manipulaciones, repetido en diferentes idiomas.

Hoy la derecha trata de imponer el imaginario que Venezuela es una dictadura y que, por ende, debe ser expulsada del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Es consciente que no lograrán lo que se proponen, pero su estrategia es la de crear ese imaginario.

El 26 de febrero, el diario venezolano El Nacional anunciaba que los parlamentarios derechistas argentinos Roberto Pradines, Mario Negri, Patricia Bullrich y Sergio Bergman todos miembros de la Comisión del Mercosur, expresaron que la detención del alcalde Antonio Ledesma, “afecta la democracia en el país”, y en consecuencia solicitarán la activación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático.

Y pedían la presencia en Venezuela de una Comisión del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur), con el objeto suspender su participación en el bloque regional. A este coro se sumaron algunos parlamentarios de la derecha uruguaya.

Cabe recordar que el Protocolo de Ushuaia establece como único supuesto para su aplicación la ruptura del orden democrático en alguno de países del Mercosur, y prevé que, una vez agotada la instancia de consultas de los Estados entre sí y con el Estado afectado y en caso de que éstas resulten infructuosas, podrá acordarse la aplicación de medidas sancionatorias.

Pero tanto el período de consultas como las eventuales sanciones deben ser decididas por los presidentes, por consenso (no por vociferantes legisladores, minoritarios en los parlamentos de sus países).

Es más, no existe en Venezuela la ruptura del orden democrático y la gran mayoría de los países latinoamericanos y caribeños han expresado muestras de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.

Las instituciones democráticas venezolanas, es decir todos sus poderes públicos se encuentran legitimados y en pleno ejercicio de sus funciones, en especial la Asamblea Nacional.

Por otra parte, el Observatorio de la Democracia del Parlasur, desde su creación en 2008, ha limitado su actuación al seguimiento de los procesos electorales en los países del Mercosur y los estados asociados. Involucrar al observatorio en procesos que impliquen la evaluación (o supervisión) política lo convertiría en un instrumento de injerencia y abriría una senda peligrosa para la integración que se caracteriza por lograr la unidad de la diversidad.

El reglamento del observatorio establece que tendrá un Consejo de Representantes (con tres parlamentarios por país), y coordinado por el presidente del Parlasur. Actualmente, la Presidencia del Parlasur la ejerce Venezuela. Pero cualquier decisión obre eventuales sanciones depende de la voluntad consensuada de los presidentes, no de la vociferación de algunos parlamentarios con intentenciones desestablizadoras y atentatorias contra la integración.

Las razones

Toda esta ofensiva tiene su razón: la derecha nunca estuvo tan débil en nuestra región y demostración de ello es que pierde sucesivamente elecciones en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador. Ha sido desalojada de gobiernos que creían su propiedad. Y siguen sin entender las transformaciones sociales, la recuperación del rol del estado, la activa participación en los procesos integradores, su independencia de los dictados de Washington.

Es clara la debilidad de las derechas: sus iconos están en crisis institucional y de legitimidad. Chile con las consecuencias de la privatización; México, como ejemplo de cómo un TLC disuelve el Estado; Colombia con la legitimación paramilitar; Perú que termina ofreciendo su territorio como base naval estadounidense…

Estas derechas no se resigna a que sean gobiernos populares los que rescaten a sus pueblos de los desastres producidos por las dictaduras cívico-militares y los gobiernos neoliberales.

No solo han venido de fracaso en fracaso los gobiernos neoliberales, sino que manifiestan una patética incapacidad de formular propuestas alternativas, dedicándose a sabotear los procesos de estos países, desestabilizar los gobiernos, apostar al caos e, incluso, servir –como excelsos cipayos- a los propósitos e intereses antinacionales de la banca trasnacional, de las empresas trasnacionales, la geopolítica estadounidense en la región.

Emir Sader señala que las derechas argentina y brasileña tienen enormes similitudes, porque ambas se han reorganizado alrededor de los dos más importantes gobiernos populares que han tenido esos países en el siglo XX: los de Perón y de Getulio Vargas. Por ello son derechas elitistas, oligárquicas, racistas, antinacionales. Es la derecha la que intentó tumbar a Vargas en 1954 y lo llevó al suicidio. Es la que tumbó a Perón en 1955 y llevó Argentina a iniciar el ciclo de las acciones militares gorilas en la región.

Es la derecha la que dio finalmente el golpe en Brasil en 1964 e instauró la más larga dictadura militar en la región. Es la misma derecha que intentó hacer lo mismo en 1966 en Argentina, pero vio frustrado su golpe. Tuvo que volver a la carga en 1976, para cerrar el círculo de terror de las dictaduras en el Cono Sur, añade Sader.

Hablan del peligro de caos económico, de corrupción, de respeto a los derechos humanos, aquellos que han sido cómplices y copartícipes de desapariciones, torturas, asesinatos y la mayor corrupción en las historia de los países, especialmente en los procesos de privatización de los bienes y empresas públicos. Amenazan con golpes: duros, blancos, mediáticos.

Ya no necesitan tanques ni fuerzas armadas. Usan su nuevo armamento, el terror mediático cartelizado regional e internacional.

 

CTNBio: Não queremos mais transgênicos!

divulgao

CTNBio deve aprovar no próximo dia 5 de março mais sementes modificadas. Devem estar achando pouco: vem mais veneno por aí!

O Brasil já líder, junto com os EUA, no uso de agrotóxicos e sementes transgênicas que precisam de mais agrotóxico. Nossa soberania agrícola está nas mãos de 6 empresas, que se amanhã resolverem não vender mais sementes, comprometem todo o sistema agrícola nacional.

Como se não bastasse, no próximo dia 5 de março, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio irá “votar” (veja a pauta) a liberação de três novas variedades de plantas transgênicas no Brasil: milho resistente ao 2,4-D e haloxifape, e o eucalipto transgênico. “Votar” é um eufemismo para não dizer diretamente que vão aprovar, já que, como é amplamente sabido, são pouquíssimas as vozes dissonantes dentro da comissão.

Uma delas é a de Rubens Nodari, professor titular da UFSC, agrônomo e doutor em genética vegetal. Ele pediu vistas ao processo do milhos transgênicos resistentes ao 2,4-D e ao haloxifope, ambos extremamente tóxicos. O 2,4-D, não custa lembrar, é um dos ingredientes do Agente Laranja, usado pelos EUA na guerra do Vietnã. Nodari argumenta que faltam no processo estudos básicos, inclusive alguns exigidos por lei. O relator do processo, Jesus Aparecido Ferro, elaborou um parecer consolidado sobre pareceres parciais que não existem, descumprindo a própria regra da CTNBio.

Outro ponto curioso é o Ministério Público Federal pediu que o agrotóxico 2,4-D fosse reavaliado. Se ele for suspenso, como ficam as pobres sementes “desprotegidas”? Argumentos para banir o 2,4-D não faltam.

Se fosse possível fazer um ranking, o caso do eucalipto seria ainda mais lunático, dada a crise hídrica que o país atravessa. A planta que normalmente já consome 30 litros de água por dia, e já provoca seca no norte do ES e sul da BA, vai crescer mais rápido e utilizar mais água. Além, é claro, de muito agrotóxico. Segundo Paulo Yoshio Kageyama, professor titular da USP, agrônomo e doutor em genética, o processo desse pedido não apresenta condições mínimas exigidas de análise de biossegurança para sua aprovação. Os problemas de impactos sobre o meio ambiente (água, biodiversidade, solos) e saúde humana (mel, pólen) são mais agravados ou são desconhecidos em relação às culturas agrícolas já aprovadas. Kageyama afirma que em relação aos impactos na água, a redução da rotação para 4/5 anos geraria um impacto nas microbacias nessas plantações, que agravaria drasticamente a atual crise hídrica.

Sobre os impactos no mel, ele afirma o potencial impacto na fauna de polinizadores (nativos e exóticos) também não foi devidamente estudado, levando em conta que o próprio estudo da empresa demonstra que o pólen do transgênico possui uma concentração muito maior do efeito da transgenia do que outros tecidos da planta, o que pode levar ao colapso das colmeias.

Leia aqui o parecer completo de Kageyama sobre o eucalipto, e outro de Leonardo Melgarejo sobre o 2,4-D.

¿Cuál es la posición del Banco Mundial en relación con los derechos humanos?

El Banco Mundial se encuentra en  las últimas etapas de revisión de sus procesos para la evaluación y la gestión de los riesgos ambientales y sociales a nivel de proyecto. Anunciadas originalmente en 2011, las consultas sobre el primer borrador tienen como fecha límite el 1ero de marzo de 2015. Se espera entonces que el proceso de revisión de las salvaguardias termine en algún momento durante 2015, luego de realizar consultas sobre un segundo borrador, y que el nuevo sistema de salvaguardias sea respetado a partir de 2016.

El Banco ha recibido muchas críticas de académicos, órganos internacionales de derechos humanos, pueblos indígenas y la sociedad civil por su propuesto proyecto de borrador de su Marco Ambiental y Social, hecho público en julio de 2014. No obstante, existen preocupaciones de peso no solamente acerca de la política y las normas propuestas, sino además en el proceso de consulta y participación con los titulares de los derechos principales y las partes interesadas en la revisión. Si bien algunas declaraciones y críticas poderosas se encuentran disponibles aquí, este artículo se centra en las implicaciones de los derechos humanos del borrador actual.

Implementación inadecuada

La nueva propuesta de salvaguardias del Banco Mundial contiene dos secciones separadas, la política ambiental y social (PAS) y las normas ambientales y sociales  (NAS). Estas nuevas salvaguardias propuestas necesitarán procesos de implementación nuevos significativamente mejorados para abordar debilidades graves identificadas en evaluaciones anteriores de la implementación de las salvaguardias del Banco, una atención renovada hacia los incentivos del personal y un movimiento radical hacia la unión de todos los niveles de la revisión y la evaluación de riesgos.

Las salvaguardias actuales del Banco Mundial están desactualizadas y no se encuentran sincronizadas con el estado corriente de pensamiento de desarrollo, el derecho en materia de derechos humanos, las prácticas de salvaguardias en la financiación pública y privada, y enfrentan graves deficiencias en la implementación. La revisión de aprendizaje de la política operacional 4.10 (OP4.10) realizada entre 2006-2008, por ejemplo, resaltó algunas fallas extraordinarias en la implementación, encontrando, entre otras cosas, que cuando los derechos a la tierra y los recursos están implicados, únicamente una pequeña minoría de proyectos abordan estos derechos de manera adecuada.

Ajustar solamente el contenido no es suficiente. La próxima fase de crear un marco a través del cual las nuevas salvaguardias sean implementadas es absolutamente vital para su éxito, y debe ser conducida de una manera abierta y transparente.

 ¿Qué viene después?

Existe cada vez más presión para que el Banco piense radicalmente la forma en la cual funcionarán las propuestas corrientes para un sistema nuevo de salvaguardias ambientales y sociales. Un número extraordinario de 27 titulares de mandatos especiales de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) escribieron de manera colectiva  al presidente del Banco Mundial para dar a conocer sus preocupaciones. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a través de su Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, se comunicó de manera formal con el presidente del Banco Mundial resaltando las cuestiones críticas relacionadas con las propuestas contenidas en la NAS7 sobre pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Tanzania, que podrían sufrir enormemente debido a algunos de los nuevos cambios, escribieron de nuevo al Banco. Estas voces figuran entre muchas de las preocupaciones relativas al marco de implementación, el contenido de las normas individuales y la naturaleza de la posición del Banco en materia de derechos humanos fundamentales.

Derechos humanos para todos

Dentro de los nuevos documentos de proyecto, los derechos humanos se mencionan tres veces. La declaración de intenciones afirma que “las operaciones del Banco apoyan los derechos humanos y fomentan su respeto de una manera consistente con los artículos del Acuerdo del Banco”. En la NAS2  sobre la mano de obra y los estándares de trabajo, se establece que “[l]os trabajadores del proyecto recibirán información clara y comprensible […] que establecerá sus derechos según las leyes laborales nacionales”; y finalmente en la NAS7 se reconoce que el estatus económico, social y legal de los pueblos indígenas “frecuentemente limita su capacidad de defender sus derechos e intereses en las tierras, los territorios y los recursos naturales y culturales […]”.

Solamente en uno de estos casos la referencia a los derechos cuenta con una responsabilidad identificada: en el caso de los derechos de los trabajadores en donde el trabajador debe ser informado de manera adecuada de estos derechos por el prestatario. En los otros dos caos los compromisos son poco claros. El Banco sostiene que los derechos humanos están protegidos en la práctica sin una referencia explícita, pero este argumento enfrenta a desafíos graves.  Uno de estos desafíos implica la inclusión del llamado “enfoque alternativo” en el que un gobierno puede solicitar la no aplicación de la totalidad de la NAS7, la norma sobre pueblos indígenas. Si bien se reconoce la necesidad de protecciones específicas para los pueblos indígenas, el Banco introduce simultáneamente un mecanismo para suspender dichas protecciones, una suspensión que probablemente sería solicitada por los gobiernos  para los cueles dicha protección es aún más necesaria.

El enfoque alternativo debe ser eliminado

Es nuestra opinión que la inclusión de este informe alternativo socava cualquier reclamo que le Banco pudiera liderar el campo de las protecciones sociales y ambientales, y pone fin a cualquier argumento de que el Banco está protegiendo los derechos en la práctica, aunque no de manera explícita. La retención de esta propuesta pone a riesgo de manera directa a los pueblos indígenas en todo el mundo, y no debe permitirse que se mantenga si se espera proteger los derechos e intereses de los pueblos indígenas en el nuevo sistema de salvaguardia.

Honduras a un paso de tres nuevas condenas internacionales

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La CIDH se apresta a dictar sentencia en tres demandas interpuestas contra el Estado de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Al menos seis demandas enfrenta el Estado de Honduras en diferentes cortes internacionales y en tres de estas está a un paso de recibir nuevas condenas por presuntas transgresiones a los derechos fundamentales de las personas.

Tres de los juicios se ventilan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los tres restantes en tribunales de Estados Unidos, confirmó a LA PRENSA el subprocurador general de la República, Jorge Abilio Serrano.

En uno de los arbitrajes, uno de los demandantes exige una indemnización de más de 300 millones de dólares por violaciones a derechos ancestrales de propiedad desde principios del siglo pasado.

Históricamente, el Estado hondureño tiene en su haber un rosario de juicios por contravenciones a los derechos fundamentales que en la mayoría de los casos han resultado desfavorables, condenándolo al pago de millonarias indemnizaciones.

Uno de los seis juicios activos en este momento está relacionado con la separación en 2009 de cuatro jueces de los tribunales de justicia; pero también existe una denuncia en curso en el sistema interamericano por la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El primero de los casos se refiere al supuesto despido arbitrario de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la exmagistrada Tirza Flores Lanza, hermana del exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, en 2009.

Los funcionarios judiciales fueron despedidos por manifestarse en contra de la destitución del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, en junio de 2009.
A principios de febrero de este año, la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, concluyó el juicio y convocó para este 3 de marzo a las partes para presentar sus conclusiones por escrito y luego dictar su fallo.

El otro caso que se ventila en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, es la separación en 2012 de los magistrados de la Sala Constitucional Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz por parte del Congreso Nacional.

Los afectados acudieron al Sistema Interamericano alegando una serie de violaciones a derechos humanos y preceptos constitucionales. Este asunto se encuentra en proceso de admisibilidad en la CIDH y es casi un hecho que pasará a juicio ante la Corte Interamericana.

La exmagistrada Rosalinda Cruz detalló que su demanda se encuentra en proceso de estudio en la Comisión y posteriormente se procederá a solicitar un informe al Estado de Honduras de los motivos que dieron lugar a su destitución y la de sus tres compañeros. Dijo que el caso lleva más de dos años de haberse presentado. No obstante, indicó que la demanda tiene amplias posibilidades de prosperar en vista que existe jurisprudencia sobrada en casos similares llevados ante la Corte Interamericana y otras cortes europeas.

Puso como ejemplo el caso de los cuatro jueces destituidos en 2009 y dijo que si este juicio es resuelto favorablemente a los demandantes, es casi un hecho que ocurrirá lo mismo con ellos porque aquellos fueron nombrados, mientras que los magistrados de la Sala Constitucional destituidos surgieron de una elección de segundo grado.

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Otras demandas
También la CIDH se pronunciará próximamente sobre las demandas interpuestas por las comunidades garífunas del Triunfo de la Cruz y Punta de Piedra en el departamento de Atlántida.

En el año 2003, la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) interpuso una denuncia ante la CIDH en relación con los despojos de propiedad y violaciones a los derechos humanos en detrimento del territorio y pueblo afrodescendiente, específicamente en las dos poblaciones.

El subprocurador indicó que las demandas de las comunidades garífunas están pendientes de sentencia, pues ya concluyó la etapa de presentación de alegatos por escrito y la Corte solicitó las aclaraciones, observaciones y autos para proceder a dictar su fallo.

En el caso de los jueces destituidos, indicó que esta semana están convocados para formular los alegatos por escrito y luego se pasará a dictar la sentencia.

Probabilidades
Serrano reconoció que históricamente las sentencias de la CIDH han sido desfavorables al Estado, por lo que puede ocurrir lo mismo en estos casos, aunque la Procuraduría ha hecho todo lo que compete para evitar que sean negativos.

“La experiencia en el sistema interamericano es que los casos que llegan a la CIDH son muy remotas las probabilidades de ganarlos y hasta la fecha los Estados solo han ganado dos casos desde 1979, año en el que se creó la Corte”, refirió.

Los juicios que se ventilan en cortes de EUA están activos y uno de ellos resultó favorable al Estado de Honduras.