En Audiencia internacional el pasado 13 de octubre, sobre los impactos de las políticas, préstamos y programas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en relación al Agua, el Clima y la Energía, el Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI y el BM deliberó sobre cómo las acciones de estos dos organismos multilaterales han incidido e inciden en la vida del Ecuador.
Se destacaron sus impactos a través de la deuda externa que da continuidad a una herencia colonial ligada a una historia de dominación, de despojo, de saqueo y de crímenes. Esta deuda eterna significa sacrificar las condiciones de vida de la mayoría y de la Madre tierra, la Naturaleza, para favorecer abiertamente a determinados sectores empresariales que configuran el entramado del poder oligárquico, que impulsa una verdadera cruzada en contra de los derechos de los pueblos y de la naturaleza consagrados en la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008.
Por lo que este Tribunal, junto al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, en ejercicio de sus respectivos mandatos, deciden pronunciarse en defensa de la Constitución de Montecristi, por la importancia que reviste en relación a las problemáticas que nos concierne.
Por primera vez, un Estado reconoció a la naturaleza —la Pachamama— como sujeto de derechos, con el derecho a existir, mantenerse y regenerar sus ciclos vitales. Este hito no solo significó un avance jurídico, sino un acto de justicia ecológica y de sabiduría ancestral, estrechamente ligado al reconocimiento del Estado plurinacional e intercultural, que afirma la convivencia de diversos pueblos y culturas con sus propias cosmovisiones y formas de relacionarse con la Tierra y que es una referencia mundial para repensar la relación entre humanidad y naturaleza.
La Constitución de Montecristi afirma, además, los derechos que garantizan una vida digna, el derecho a la resistencia, a la amplia y activa participación ciudadana, a la soberanía alimentaria, energética y económica y a la Paz, también amenazada por el potencial retorno de bases militares estadounidenses a las islas Galápagos y a otros lugares del territorio ecuatoriano.
Las oligarquías y el gobierno, el entramado financiero, corporativista y geopolítico que los sostiene, están empeñados en reducir todo lo que son los mecanismos de participación ciudadana, las consultas populares, la consulta previa libre e informada, la consulta ambiental, instrumentos que en su mayoría garantizan derechos a los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, así como a las comunidades de todo el país.
Por lo que estos Tribunales expresan su rechazo absoluto a este pretendido retroceso en derechos y garantías, que no tiene otro fin que el de profundizar la neoliberalización y saqueo extractivista de la economía ecuatoriana, de la mano de la militarización de la sociedad en un ambiente de creciente autoritarismo. Y advierten a la comunidad internacional que un retroceso en estos derechos sería un golpe profundo a las soluciones verdaderas frente a la crisis social, ecológica y climática, pues los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos, encarnan una alternativa ética, política y civilizatoria indispensable para garantizar la vida.
Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Ecuador en sus luchas por defender la vida, sus territorios, la naturaleza de la que forman parte. Llamamos a estrechar lazos para consolidar las luchas de resistencia y tejer procesos comunes para ir avanzando en la construcción de esos otros mundos posibles que garanticen siempre la vida digna de los seres humanos y la vida digna de los seres no humanos, la madre tierra, la naturaleza.
– 15 de noviembre de 2025
Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM
Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza