En su resolución 1993/77, la Comisión de Derechos Humanos declaró que la “práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular el derecho a una vivienda adecuada”.
En poco más de seis meses que gobierna Marito Abdo Benítez, hemos comprobado que más que solucionar los problemas del acceso a la tierra y a la vivienda, está dispuesto a desalojar violentamente a las comunidades, sin tener en cuento los derechos humanos.
En su corta gestión, el Presidente del Paraguay tiene sumado ocho desalojos (más de uno por mes de gestión), estos son Asentamiento 27 de Mayo -Mora kue, Luque-, Takuara´i -Corpus Christi, Canindeju-, San Cristobal -Alto Paraná-, Toryete -Hernandarias, Alto Paraná-, O´leary -Alto Paraná-, Salado´i -Limpio, Dpto. Central- Yhú -Colonia Bella Vista, Caáguazu-, y ahora en el Asentamiento 12 de Junio -Isla Bogado, Luque-.
Miles de familias pobres, despojadas de lo poco que tenían quedan a la suerte de Dios, luego que el estado paraguayo da como solución a su necesidad de tierra y vivienda palo y desalojo. No hay distinción de si son comunidades indígenas, campesinas o sin techo. Aunque vale aclarar que las tierras fiscales usurpadas por empresas como Campo Morombi, Agrofertil, entre otras, no sólo no corren amenaza de desalojo, sino que están resguardadas por las fuerzas represivas del Estado paraguayo.
SOBRE ESTE ÚLTIMO DESALOJO EN ASENTAMIENTO 12 DE JUNIO -ISLA BOGADO, LUQUE.
Es en este contexto, poco antes de las 7 de la mañana, alrededor de 2.000 (dos mil) efectivos policiales, ingresaron de manera violenta al predio de 68 hectáreas de la estatal Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), con el fin de desalojar a 1.200 (mil doscientas) familias pobres asentadas desde mediados del 2018.
El 28 de febrero pasado, con un corte de ruta que une a Capiatá con Luque, los “Sin Techo” se manifestaron contra la posibilidad de un desalojo forzoso, donde dejaron claro que la alternativa de abandonar esas tierras no era posible ya que no tenían adonde ir, el gobierno no les daba otra opción, a la vez que habían invertido los pocos guaraníes que tenían en mejoras del predio, abandonado por la COPACO hace tiempo.
El accionar despiadado de la policía con carros hidrantes, la montada y cascos azules, generó una resistencia que los ocupantes no pudieron sostener por demasiado tiempo. Mujeres, niñas, niños y hombres fueron heridos con brutalidad. Otro punto preocupante es que no se tiene el número de “sintechos” heridos ni detenidos. Este desalojo sumado al de Alto Paraná, ha dejado a 1.800 (mil ochocientas) familias en la calle, cientos de personas heridas y más de un centenar de detenidos.
Lo paradójico es que el predio pertenece al Estado paraguayo, el mismo que debería velar por los derechos de estas familias que hoy dormirán en la calles. Al respecto las Naciones Unidas dicen que es “la obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales. Entre éstos figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales…”.
Marito Abdo Benítez, un Presidente que poco ha hecho y mucho ha viajado, que se ha mostrado más atento a la agenda de Trump que a la de su país, que su economía decae mientras sube el dólar, deja en claro que está dispuesto a sustentar su gobierno en perseguir a los pobres, avasallar sus derechos, y aumentar la violencia del accionar de las fuerzas policiales. Un cóctel de medidas que se repite en Presidentes sin proyectos, con agendas de los intereses del capital local y transnacional que en estos tiempos abundan por América. Ante esto, sólo nos queda la lucha y la organización.
Como ALBA Movimientos condenamos estos actos violentos contra el pueblo paraguayo.
Exigimos al gobierno de Marito Abdo Benítez que detenga este tipo de acciones y cumpla con el deber de proteger a sus conciudadanos.
Reclamamos garantías para las poblaciones desplazadas, y que los organismos regionales e internacionales que tienen la obligación de atender estos asuntos hagan cumplir lo que está establecido en estos casos.
ALBA Movimientos
Marzo del 2019
Fuente: ALBA Movimientos