A continuación algunos hechos socioambientales registrados durante los meses de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024.
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Cierre de la minera canadiense First Quantum
El gobierno panameño reiteró el 18 de julio, que para negociar con First Quantum, con los acreedores y banqueros del proyecto Cobre Panamá, se tendrán que suspender todos los procesos de demanda y arbitrajes internacionales iniciados contra el país por el cierre de la actividad minera. Así lo dijo el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el primer conversatorio con los medios de comunicación, al admitir que Panamá no puede hacer nada para detener las demandas interpuestas por distintos accionistas del proyecto Cobre Panamá, pero tampoco pretende negociar bajo las actuales circunstancias. La demanda más reciente fue por parte de la Corporación Franco-Nevada de Canadá, que formalizó la demanda de arbitraje contra el Estado panameño por el cierre del proyecto Cobre Panamá, que era operado por Minera Panamá, filial de la también canadiense First Quantum.
Mina Cerro Quema exige $400 millones por cancelación
La empresa canadiense Orla Mining, que tenía tres concesiones para extraer oro en Cerro Quema, ubicado en la provincia de Los Santos, presentó formalmente la solicitud de arbitraje contra el Estado panameño por la no renovación de los permisos para comenzar a extraer mineral en Azuero. La notificación de intención se presentó el 28 de marzo de 2024, y la compañía indica que el Estado panameño incumplió los términos de inversión acordados en el Tratado de Libre Comercio que firmó con Canadá. El arbitraje será administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington, DC, de conformidad con sus Reglas de Arbitraje.
Gobierno panameño espera fallo sobre el Corredor del Caribe
Para el presidente de la República, José Raúl Mulino, sería ideal que la Sala Tercera de lo Contencioso y Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitiese pronto un fallo sobre el desarrollo de la carretera Quebrada Ancha – María Chiquita, en la provincia de Colón. “Yo aspiro a que eso se resuelva rápido porque es una carretera importante para el desarrollo del turismo en Colón, pero no puedo ir más allá de lo que la ley me permite”, expresó Mulino el pasado 18 de julio en su primera conferencia matutina. El desarrollo de la obra se inició el 31 de octubre de 2022, cuando el entonces presidente, Laurentino Cortizo, autorizó la construcción de una calle de 28.4 kilómetros, bajo una inversión de $91,635,204.76. Sin embargo, este proyecto genera un retroceso en materia de protección ambiental contemplado en tratados, acuerdos y pactos internacionales.
Movimiento Por un Veraguas Verde a la espera del fallo contra la mina Veragold en Cañazas
El movimiento Por un Veraguas Verde está a la espera del fallo de inconstitucionalidad del contrato ley minero 92 de 2013 para explotar, extraer y exportar oro y otros metales en el distrito de Cañazas y La Mesa. La demanda fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia CSJ el 14 de noviembre de 2023. Acción legal admitida y bajo la ponencia de la magistrada Miriam Yadira Cheng Rosas. Que posteriormente fue sometida a consulta a la Procuraduría de la Nación confirmando su inconstitucionalidad.
Justicia climática para los pueblos indígena de guna Yala
La comunidad indígena de la isla Cartí Sugdupu de la comarca Guna Yala fue reubicada el pasado 29 de mayo 2024 a tierra firme. Víctima del aumento del nivel del mar en el Caribe por efectos negativos que está generando el cambio climático. Con esta gestión han surgido algunos cuestionamientos debido a que la población indíhgena no ha procesado dicho traslado, ya que su cultura y creencia ancestral es infringida y desplazada ante la adaptación a un entorno distinto que no contempla sus prácticas como pueblos originarios.
Informe sobre violaciones y criminalización de la protesta social en el marco del huelga minera en el año 2023
La Red Nacional en Defensa del Agua, Guerreros del Mar, Ya es Ya, entre otros movimientos socioambientales de Panamá realizaron una conferencia de prensa luego de sostener una reunión ante representantes diplomáticos del Gobierno de Canadá. Cuyo objetivo fue dirimir el Informe sobre las vulneraciones y violaciones, abusos e incidentes registrados en el marco de las protestas contra el contrato minero en Panamá en el 2023. La cual registra cuatro muertes durante las protestas, cientos de heridos, más de 1,500 casos de detenciones arbitrarias, 23 casos de activistas y manifestantes que enfrentan criminalización y procesos legales, personas que sufrieron agresiones y lesiones físicas; al igual que se documenta cómo se han establecido medidas punitivas y represalias contra grupos, como maestros y sindicalistas, que participaron en huelgas nacionales.
Mujeres indígenas y campesinas del corregimiento Río Luis y Calovébora se manifiestan en contra de la Cuarta Línea Eléctrica
En un comunicado público el pasado mes de junio, las mujeres indígenas y campesinas del corregimiento Río Luis y Calovébora en la provincia de Veraguas expresaron su total rechazo a la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica porque ha sido un proyecto inconsulto e impuesto, ignorando el consentimiento libre, previo e informado, además que se agrava la situación al desconocer la existencia de los pueblos originarios en estos sitios, violando la autodeterminación de los pueblos. Por otro lado, en el comunicado señalan que dicho proyecto provocará grandes devastaciones de bosque primarios y secundarios; pérdida de la biodiversidad y de los ecosistemas, empeorando la ya existente crisis del cambio climático, poniendo en riesgo su existencia como pueblo. Además, destaca el papel de las mujeres como protectoras de la naturaleza, defensoras de la soberanía alimentaria y transmisoras de saberes ancestrales y prácticas culturales.
Crisis del agua y Canal de Panamá
En el marco de la crisis climática, el canal interoceánico se ha visto afectado por el fenómeno del niño limitando el tránsito de barcos, provocando retrasos, aumento de los costes de envío y un enorme embudo de espera en las entradas del canal. A tal efecto del impacto negativo al comercio, han surgido debates e ideas tecnócratas para mitigar dicha situación. Es decir, acaparar volúmenes de masa hídrica que puedan abastecer el sistema operativo del canal. Y uno de estos es el proyecto de embalse hídrico del Río Indio. Expuesto lo anterior, surge en el debate público si la pretensión de esta mega industria compensará el fracaso de la ilegal industria minera derrotada por la movilización ciudadana panameña que dio como resultado una fallo de inconstitucionalidad en noviembre del pasado año 2023. Esto con el cuidado de que el país no acreciente su deuda externa en detrimento de la poca sostenibilidad de calidad de vida de los ciudadanos y de la retórica de una economía nacional menos competitiva en el comercio global, lo que a su vez pueda intensificar la clásica campaña mediática de apostar por la lógica financiera de las elites criollas. En este punto la Coordinadora Campesina por la Vida ha expresado su oposición ante el proyecto de reservorio hídrico multipropósito o embases que planea desarrollar la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la cuenca del río Indio, y cuyo estudio aún está en proceso. Esto ha sido como catalogado como una estrategia de un solo sector político y económico que se ve beneficiado a raíz del falló emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) que declara inconstitucional la ley 20 del 21 de junio de 2006 por lo que se retrotrae la cuenca expandida de 1999, volviendo a incluir en la región Occidental y por ende Río Indio al territorio del Canal de Panamá.
Producción realizada por el equipo interdisciplinario
Milena Umaña. Comunicadora Social
Olmedo Carrasquilla II. Defensor en DDHH / Ecologismo
Iris Gomez. Bióloga
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Fuente: Radio Temblor