Por: Julian Camilo Barrientos – Equipo de Comunicaciones Censat Agua Viva
La crisis climática avanza implacablemente, y con ella, cada vez son más las comunidades en diversas regiones del país que se ven obligadas a enfrentar las falsas promesas que las empresas extractivas intentan imponer. Estas corporaciones, bajo el disfraz de progreso y desarrollo verde, prometen soluciones aparentes que, en realidad, buscan explotar y degradar los territorios, dejando a las comunidades locales con poco o ningún beneficio.
En medio de esta embestida, el espíritu de las Consultas Populares sigue vivo. Desde su origen hace 11 años, este mecanismo ha sido una herramienta vital para que los pueblos defiendan la vida y el ambiente. Las Consultas Populares han transformado el rumbo de la historia, ofreciendo esperanza a las nuevas generaciones y tejiendo un legado de resistencia que se inscribe en la memoria colectiva.
Estas consultas han sido fundamentales para proteger la ancestralidad, la cultura y la cosmovisión de comunidades enteras. En Colombia, 21 consultas populares han rechazado proyectos extractivos, con la ciudadanía eligiendo proteger sus suelos y ríos frente a la explotación. Cada voto ha contado y ha quedado registrado como un precedente imborrable en la defensa del territorio contra el avance del capitalismo desenfrenado.
La Corte Constitucional y el retroceso en la autonomía territorial
Sin embargo, en 2018, a través de la sentencia SU 095 la Corte Constitucional de Colombia asestó un duro golpe a este mecanismo participativo. Al declarar que las consultas populares no eran adecuadas para decidir sobre proyectos minero energéticos, la Corte privó a los municipios de la autonomía para prohibir la minería en sus territorios y aunque la misma sentencia ordenaba al congreso a «expedir un mecanismo y una legislación para lograr la concurrencia y la coordinación en estas decisiones«, esta decisión representó un retroceso significativo para las comunidades locales, debilitando su capacidad para defender sus derechos frente a intereses económicos poderosos.
«La voz de la Consulta Popular es legítima, porque se hace con el pueblo»
A pesar de este sombrío panorama y a pesar que las consultas populares no son vinculantes, en 2022, las comunidades del macizo colombiano decidieron no rendirse. Frente a la amenaza de 102 solicitudes mineras y 16 títulos mineros que afectan directamente a seis municipios del norte de Nariño y Florencia en el sur del Cauca, iniciaron un proceso de consultas populares autónomas. Este movimiento, liderado por Wilson Albeiro Ordóñez y otros miembros del Territorio Agroalimentario del Norte de Nariño y Sur del Cauca (TECAM), logró movilizar a más de 4.560 personas en menos de un mes para decir «NO» a la megaminería y a la explotación de sus tierras. El 7 de mayo de 2023, bajo la consigna «el agua vale más que el oro», se realizó una consulta que involucró incluso a niños y niñas mayores de 6 años. Este proceso se llevó a cabo con el objetivo de preservar el territorio para las futuras generaciones, entendiendo que los menores de hoy serán quienes, dentro de cinco décadas, verán el vencimiento de las actuales licencias mineras. Los votos de esta consulta se entregarán a la personería municipal de Albán como un recordatorio del poder soberano del pueblo.
Asimismo, el 4 de junio de 2017, en Cumaral, Meta, se llevó a cabo la consulta popular contra la exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos, con un resultado de 7.475 votos a favor del «NO», frente a 183 votos, por el «SÍ». Este ejercicio popular, ha motivado también la unión del pueblo cumaraleño a través del Festival del Agua, como espacio donde la cultura reivindica la consciencia ambiental por la protección del territorio.
Mercaderes: Un ejemplo de lucha y defensa del territorio
El próximo 9 de agosto de 2024, la comunidad del municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca, conmemorará el quinto aniversario de la Consulta Popular Legítima por el Agua que, con 5.128 votos a favor, logró frenar actividades de exploración y explotación de minería metálica e hidrocarburos que requerían el uso de aguas destinadas al consumo humano y ponían en riesgo las economías locales. Esta consulta no solo representó una victoria para la comunidad en términos de defensa de su territorio, sino que también marcó un precedente al reconocer al río Sambingo como sujeto de derechos.
Créditos: El Cuarto Mosquetero
En el marco de esta conmemoración, se realizará una audiencia pública en la que se exigirá el cumplimiento de los mandatos ciudadanos por la protección del agua, la vida y el territorio, los cuales fueron definidos durante la consulta y que, hasta la fecha, no han sido garantizados por el gobierno nacional. La falta de acción gubernamental no solo pone en peligro el bienestar de la comunidad, sino que también deja al territorio vulnerable ante la amenaza de nuevas actividades mineras.
Paralelamente, es relevante destacar la reactivación del proyecto de ley estatutaria de Democracia Ambiental, que fue presentado en 2021 y nuevamente radicado el 20 de julio de 2024. Esta ley busca asegurar una participación ciudadana efectiva en los procesos de toma de decisiones sobre proyectos de exploración, explotación y producción de recursos naturales no renovables. Su aprobación es fundamental para devolver a las comunidades su derecho a decidir sobre el uso de sus territorios, garantizando así una verdadera participación democrática en la gestión ambiental y la justicia social en Colombia.
Fuente: CENSAT Agua Viva