Comuneros de Cotabambas se movilizaron rechazando la reciente sentencia contra 11 defensores por protestar contra la minera Las Bambas y exigieron el cese de esta “campaña de criminalización”.
Servindi, 2 de agosto, 2024.- Cientos de comuneros de Cotabambas, en la región Apurímac, se movilizaron el 1 de agosto en respaldo a los defensores y defensoras de derechos humanos recientemente sentenciados por protestar contra Las Bambas.
Los manifestantes exigieron la destitución del juez Andrés Avelino Flores y del fiscal Fredy Manchego, a quienes acusan de parcialidad a favor de la minera Las Bambas.
Además, demandaron al gobierno de Boluarte a detener la presunta persecución penal y política contra dirigentes sociales, especialmente efectuada por parte de los procuradores del Ministerio del Interior.
Mientras que a la empresa minera Las Bambas le exigieron el cese inmediato de lo que denominan una “campaña de criminalización” contra líderes comunitarios, según el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).
Los comuneros también solicitaron la presencia urgente en Cotabambas de autoridades nacionales, incluyendo representantes del Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio Público, el ministro del Interior Juan Santivañez, y delegados del ministerio de Justicia.
Estas demandas se enmarcan en una larga historia de tensiones entre las comunidades locales y la actividad minera en la región, reflejando la creciente frustración por la percibida falta de respuesta a sus preocupaciones.
Respuesta ante sentencia
La movilización y demandas se producen en respuesta a la sentencia a nueve años de prisión emitida el 25 de julio por el Juzgado Unipersonal de Cotabambas contra 11 dirigentes de comunidades campesinas.
A ellos se les responsabiliza por los delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos a raíz de movilizaciones realizadas en 2015 contra el proyecto minero Las Bambas.
Los comuneros protestaron entonces contra el proyecto pues ponía en riesgo el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
Durante estas protestas la policía reprimió a las comunidades campesinas, mientras el gobierno y la empresa los denunciaron por la comisión de diversos delitos.
El reciente fallo es considerado una criminalización de la protesta social y la defensa de derechos humanos.
Durante la audiencia de lectura de adelanto de sentencia, el tribunal basó su condena en pruebas indirectas, sin detallar suficientemente la responsabilidad de los acusados como autores mediatos de los delitos imputados.
Esta decisión ha sido cuestionada debido a la falta de una explicación clara sobre la autoría mediata, a pesar de que la acusación fiscal se centraba en este punto, señala el OCM en una nota publicada este 2 de agosto.
Entre los sentenciados a pena privativa de la libertad, se encuentran:
- Virginia Pinares Ochoa (8 años y 10 meses) conocida defensora ambiental y Premio Nacional de Derechos Humanos en el año 2022. Quien fue presidenta del Comité de lucha interprovincial de Cotabambas- Grau (comité conformado para lucha por las modificaciones del Estudio de impacto ambiental de MMG Las Bambas)
- Rodolfo Abarca Quispe (9 años) ex presidente del Frente de defensa de la provincia de Cotabambas
- Ronal Andrés Vello Abarca (9 años) ex presidente del Frente de defensa del distrito de Tambobamba
- Juan Pablo Conislla Gallegos (8 años con 8 meses) ex presidente de la Federación de Comunidades campesinas del distrito de Challhuahuacho
- Jacinto Limalucas (8 años con 8 meses) ex dirigente de Frente de defensa del distrito de Challhuahuacho
- Alem Torres Garces (9 años) profesional técnico indignado por las modificatorias del EIA
- Maximiliano Huachaca Mamani (8 años con 11 meses) fue integrante de la Federación interprovincial de defensa del territorio y del ambiente de las provincias de Espinar Chumbivilcas, Cotabambas y Grau
- Walter Moreano Andrade (8 años y 8 meses) quien fue dirigente de la comunidad de Record Cconccacca y actual alcalde del distrito de Progreso
- Romualdo Ochoa (8 años con 8 meses), ex presidente de la Comunidad de Huancuire
- Lisbeth Abarca Peña (9 años) presidenta del barrio de Huancayo- Tambobamba
- Cosme Bolivar Escudero (8 años con 8 meses) quien fue presidente de la Comunidad campesina de Chumille.
Fuente: Servindi.org