En junio de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó 212 conflictos sociales en todo el país, de los cuales 117 son producidos por temas socioambientales, la mayoría de ellos relacionados a comunidades indígenas que se enfrentan a mineros ilegales. El reporte incluye también las protestas contra acciones de los niveles de gobierno nacional, regional y local. Como parte de la cobertura especial “#EstadoPerú: Más Allá del Discurso”, Convoca.pe identificó que, entre 2021 y 2023, el Ministerio del Interior ha invertido más presupuesto en disminuir los efectos de conflictos y protestas sociales que en combatir la minería ilegal.
Por: Francisco Pérez*
*Con la colaboración de Paul Tuesta.
El gobierno de Dina Boluarte tiene encima un tema que cuelga como la célebre “espada de Damocles”. Los muertos por la represión policial y militar durante las protestas producidas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Este caso se debate en los pasillos del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso de la República, espacios donde su suerte parece moverse de acuerdo a los aliados que pueda tener.
Mientras, los familiares de las víctimas de la represión durante los primeros meses del régimen Boluarte han anunciado movilizaciones para los días de Fiestas Patrias, con la intención de sumar a su protesta a otros gremios y organizaciones. En estos días otros grupos de familiares se encuentran en Lima realizando plantones contra el gobierno.
Por otro lado, en las semanas recientes Convoca.pe ha venido publicando una serie de informes relacionados al tráfico de oro en Perú y otros cuatro países de Sudamérica. La serie Dorada Opacidad, revela los diversos mecanismos que permiten que el oro de origen desconocido llegue a diversos mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, al margen de los controles gubernamentales. En todos los informes, el impacto de la minería informal y la ilegal así como la ausencia del control estatal en la cadena opaca de producción y comercio del oro son el común denominador. Al mismo tiempo los reportes de la Defensoría del Pueblo muestran que la minería ilegal es uno de las principales causas de los conflictos sociales en materia socioambiental.
Convoca.pe analizó dos de las doce categorías presupuestales que pertenecen al sector Interior y encontró que entre 2021 y 2023, el gasto público es 10 veces más alto para reducir las protestas sociales en comparación a lo gastado para combatir la minería ilegal, según la información oficial disponible en el portal del Estado Transparencia Económica.
Este período abarca el tiempo que corresponde al gobierno elegido en el proceso electoral del año 2021, aquel donde ganó Pedro Castillo y cuyo lapso de tiempo aún continúa – en teoría – con la presidencia de Dina Boluarte.
La represión estatal en Puno dejó un saldo de 18 muertos, entre ellos tres menores de edad. Foto: Max Nina.
El gasto de los gobiernos
En 2021 con el final del gobierno de Sagasti y el inicio del régimen de Castillo, el Ministerio del Interior, gastó S/ 52 millones 690,759 en la partida de lucha contra la minería ilegal, mientras que en la categoría -que para simplificar llamaremos- conflictos y protestas sociales gastó S/ 571 millones 096,362. Es decir para combatir la minería ilegal invirtió casi 518 millones y medio de soles menos de lo que usó para contener los conflictos sociales. Se gastó 10 veces más en la partida presupuestal relacionada a protestas y movilizaciones de lo que se usó para combatir la minería ilegal.
En 2022, durante el gobierno de Castillo y los 27 días restantes de diciembre en los que empezó a gobernar Dina Boluarte se invirtió en el rubro de lucha contra la minería ilegal S/ 51 millones 897, 970, es decir casi un millón menos que el año anterior. Aún así el gasto sobre los conflictos y protestas sociales llegó a S/ 517 millones 382,448. Un monto 53 millones de soles menor que el año anterior. Pese a ello, la distancia entre ambos rubros era notoria. La diferencia es de 9 veces más la ejecución entre uno y otro rubro.
El incremento del gasto presupuestal ejecutado para el accionar policial contra las protestas es más notorio en 2023.
En los primeros meses de 2023 ya el gobierno de Boluarte tenía varios fallecidos en su haber. Las protestas contra su gobierno se habían acrecentado y la represión policial y militar era cada vez mayor. Si uno revisa el presupuesto usado en ese año para enfrentar las protestas sociales, encontrará un incremento significativo. De los más de 517 millones del 2022 pasó a 681 millones 098, 207 soles. Es decir el monto aumentó en más de 163 millones, un 27.32% en comparación con lo gastado en el 2022. Mientras, el presupuesto ejecutado para combatir la minería ilegal solo alcanzó los 60 millones 935 mil 135 soles, casi once veces menos de lo usado para evitar o enfrentar los conflictos sociales.
A Flourish chart
Despliegue policial
Un aspecto llamativo de los datos registrados en la página de Transparencia Económica del MEF sobre las intervenciones de prevención y control de conflictos y protestas sociales tiene que ver con uno de los proyectos, denominado “Eventos públicos vigilados y controlados” donde el monto ejecutado fluctúa entre 571 y 681 millones de soles en el período analizado.
Dentro de este proyecto, existe una actividad que es la que mayor dinero usa y se denomina “Operaciones policiales para controlar y vigilar los eventos públicos”, es decir el despliegue de elementos y agentes policiales para la custodia de actividades, que van desde espectáculos deportivos hasta actividades oficiales de los gobiernos de turno.
El exjefe de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, señaló a Convoca.pe que el problema es que se usa el presupuesto para el tema de conflictos sociales “porque no hay cantidad suficiente de personal, entonces si tienes un disturbio en Puno o Madre de Dios, tienes que trasladar personal desde Lima y eso es un costo que se debe cubrir no solo los días de las marchas o protestas sino días después”.
Despliegue policial durante protestas en Puno año 2023. Foto: Convoca
Para tener una idea de ese gasto, en 2021 se ejecutó el 99.5% de lo presupuestado en la actividad de operaciones policiales (que pertenece al proyecto “Eventos públicos vigilados y controlados”) por un monto de S/ 530 millones 450 mil 493. En 2023, el año de las muertes en las protestas contra el régimen de Boluarte se ejecutó el mismo porcentaje pero por un monto de 641 millones 444,664 soles, es decir un 18% más que en el año de Sagasti y Castillo.
Como parte de este informe, el equipo periodístico de Convoca.pe realizó un pedido de información al Ministerio del Interior, en el que solicita el detalle de las actividades realizadas por la presidenta Dina Boluarte y que requirieron despliegue de vigilancia policial.
Con fecha 11 de julio de este año la oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio del Interior remitió la copia de un oficio en el que traslada la solicitud a la Presidencia de la República.
Respuesta del Mininter ante pedido de información pública sobre actividades presidenciales con despliegue policial. Foto: Convoca
La respuesta que brindó la funcionaria responsable de brindar la información pública fue la siguiente: “(…) se procedió a revisar el petitorio del documento de la referencia, advirtiéndose que la información solicitada no se encuentra en el marco de las competencias de nuestra entidad; por lo que, se encauza la solicitud de acceso a la información pública para su atención directa”.
Hasta el cierre de este reportaje aún no hemos recibido la información solicitada y que permitiría definir, por ejemplo, por qué en 2023 se ejecutó un presupuesto de más de 651 millones de soles en eventos vigilados en comparación a los más de 50 millones de soles que se usaron para combatir la minería ilegal en el país.
Como dato adicional, en lo que va de 2024 se tiene presupuestado un monto de S/ 682 millones 960,467 para conflictos y protestas sociales, de los cuales se va ejecutando más de 395 millones, es decir el 55.8% del presupuesto asignado mientras que para la lucha contra la minería ilegal los fondos públicos destinados son 68 millones 664,990 soles, de los cuales se va ejecutando el 64,5%. Hasta el momento la diferencia es de nueve veces más lo utilizado en frenar los conflictos y protestas sociales que en ponerle un punto final a las acciones de la minería ilegal. Las cifras de este período están actualizadas en la página de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 25 de julio de 2024.
Fuente: Convoca.pe